La legislatura de Texas se prepara para debatir un proyecto de ley que podría debilitar significativamente las protecciones de libertad de expresión para los habitantes del estado. El proyecto de ley, conocido como el Senado Bill 336 (SB 336), representa un ataque a la Texas Citizens Participation Act (TCPA), una ley emblemática contra las demandas SLAPP que se aprobó en 2011 con amplio apoyo bipartidista. Si el SB 336, o su contraparte en la Cámara, el H.B. 2459, obtiene aprobación, se comprometarán las salvaguardias contra demandas abusivas diseñadas para silenciar las voces de los ciudadanos.

Las llamadas SLAPPs, o Demandas Estratégicas contra la Participación Pública, son litigios que no buscan ganar en función de la legalidad, sino que persiguen abrumar a las personas con costos legales excesivos. Estas demandas suelen ser utilizadas por individuos o entidades poderosas para intimidar a críticos y desalentar discusiones públicas. Al obligar a los demandados a enfrentar prolongadas y costosas batallas legales, las SLAPPs crean un efecto intimidatorio que desanima a otros a hablar sobre temas importantes.

Bajo la TCPA, cuando un demandado presenta una moción para desestimar una demanda SLAPP, el proceso legal se detiene automáticamente mientras un tribunal determina si el caso debe continuar. Esta pausa es crucial para proteger a las personas de ser arrastradas a un costoso proceso de descubrimiento mientras se discute su derecho a expresarse en un tribunal de apelaciones.

El SB 336 debilita estas protecciones al eliminar la suspensión automática de los procedimientos en los tribunales de primera instancia en ciertos casos de apelación de la TCPA. Esto significa que, incluso si una persona tiene un caso sólido de que la demanda en su contra es frívola, se verá obligada a cargar con el peso financiero y emocional de una litigación, mientras espera una decisión de un tribunal superior. Sin esta suspensión automática, los demandantes con recursos económicos podrían agotar financieramente a los demandados.

La modificación de la TCPA tendría efectos negativos en muchos texanos que dependen de esta ley para protegerse de demandas retaliatorias, incluyendo a sobrevivientes de violencia doméstica, periodistas y denunciantes que exponen la corrupción. Además, pequeños emprendedores y consumidores que dejan reseñas honestas y se oponen a prácticas comerciales poco éticas también se verían perjudicados. Estas personas ya enfrentan desafíos significativos ante partes más ricas y poderosas en los tribunales; el SB 336 favorecería aún más a quienes pueden utilizar el sistema legal como un arma para silenciar a quienes critican sus acciones.

El esfuerzo para proteger la libertad de expresión en Texas cuenta con una amplia oposición que incluye a organizaciones como la ACLU y el Reporters Committee for Freedom of the Press, junto con varios medios de comunicación tanto locales como nacionales. A pesar de haber bloqueado intentos de debilitar la TCPA en sesiones legislativas anteriores, este nuevo intento representa la cuarta vez consecutiva que se presentan enmiendas que amenazan esta ley fundamental.

Los ciudadanos de Texas tienen la oportunidad de influir en este proceso. Se les anima a contactar a sus representantes estatales y a los senadores del Comité de Asuntos Estatales para expresar su oposición al SB 336. La voz de la comunidad es vital para asegurar que Texas siga siendo un lugar donde las opiniones de sus ciudadanos sean escuchadas y no silenciadas mediante demandas injustas.
Fuente: EFF.org