En un fallo significativo, un tribunal de primera instancia del estado de Washington ha desestimado el intento de los municipios locales de mantener en secreto los datos obtenidos mediante lectores automáticos de placas de matrícula (ALPR). El Tribunal Superior del Condado de Skagit ha reafirmado el derecho del público a acceder a la información recopilada por las cámaras de Flock Safety, en consonancia con la Ley de Registros Públicos de Washington.
La decisión del tribunal establece que las imágenes generadas por las cámaras Flock son registros públicos, ya que se crean y utilizan para avanzar un fin gubernamental. La corte subrayó que las imágenes generadas por las cámaras, localizadas en ciudades como Stanwood y Sedro-Woolley, fueron financiadas por estas administraciones locales y están destinadas al beneficio de la comunidad.
El intento de los municipios de excluir estos registros de la divulgación refleja una preocupante tendencia a limitar la transparencia pública. Además, genera preocupación sobre la abundante cantidad de datos que los departamentos de policía recopilan a través de estas cámaras, que son almacenados en servidores de empresas privadas, lo que podría permitir a las ciudades evadir la responsabilidad pública.
Flock Safety, el proveedor de estos sistemas de vigilancia, ha estado en el centro de la controversia en todo el país, donde activistas y periodistas han utilizado solicitudes de registros públicos para exponer usos problemáticos, que incluyen el acceso a datos con fines de aplicación de leyes de inmigración y la investigación de abortos, lo cual puede haber vulnerado las leyes de Washington. Recientes informes también indican que algunas ciudades en el estado han compartido datos de ALPR con agentes de inmigración federal.
El caso específico comenzó cuando un ciudadano solicitó el acceso a un video grabado durante una hora en marzo. Poco después, las ciudades involucradas solicitaron al tribunal que declarara que dichos datos no son registros públicos, argumentando que la información almacenada en la nube de Flock no puede ser considerada como tal hasta que una agencia pública la extraiga.
En su defensa, los municipios alegaron que el contenido almacenado en los servidores de Flock representa la generación de un nuevo registro y, por ende, no debería ser accesible al público. Sin embargo, si el tribunal hubiera aceptado este argumento, los departamentos de policía podrían haber comenzado a almacenar todos sus datos en servidores privados, impidiendo así el acceso público.
El tribunal rechazó también la noción de que todos los datos recolectados mediante las cámaras son material de investigación sensible o deberían ser tratados como cámaras de seguridad de tráfico, lo que podría haber permitido a las ciudades ocultar información vital sobre la vigilancia masiva que realizan.
A pesar de la decisión favorable del tribunal, José Rodríguez, quien solicitó los registros, no recibirá la información, ya que las ciudades permitieron la eliminación automática de los registros después de su solicitud. Esto plantea una posible violación de las leyes de registros públicos del estado.
Mientras tanto, el sistema de Flock Safety y su uso por parte de diversas agencias de policía han sido objeto de un creciente escrutinio, debido a la información ilegal y a la amplia difusión de datos. Se han documentado varios incidentes donde se ha utilizado información recopilada sin el debido proceso, lo que refuerza la necesidad de una supervisión más estricta sobre el uso de estas tecnologías de vigilancia en las comunidades.
La situación en Washington destaca la importancia del acceso público a la información sobre la vigilancia gubernamental. Es esencial que las comunidades en todo el país se opongan a los intentos de restringir el acceso público a los registros que son fundamentales para la rendición de cuentas en la aplicación de la ley.
Fuente: EFF.org
