Este año, entra en vigor en la Unión Europea una nueva y ambiciosa legislación conocida como la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), que representa un hito en la política tecnológica en Europa. Aunque no todos los aspectos de la DMA son perfectos, ciertas disposiciones son muy beneficiosas, ya que colocan los derechos de los usuarios de la tecnología en el centro de la regulación. Esto se logra al reducir el control que las plataformas ejercen sobre los usuarios y devolverles el poder a los ciudadanos que dependen de estos servicios.

Uno de los puntos más alentadores de la DMA son sus disposiciones de interoperabilidad. Las leyes de propiedad intelectual en la UE (y en EE. UU.) han mermado notablemente la tradición de la interoperabilidad adversarial, que permite a los usuarios modificar un servicio o dispositivo sin necesidad de autorización del fabricante. Ya sea reparando un coche en un taller, utilizando tinta de terceros en una impresora o escogiendo las aplicaciones en un teléfono, el usuario debería tener la última palabra. Si una empresa quiere que utilices sus servicios oficiales, debe ofrecer los mejores productos a precios competitivos, en lugar de usar la ley para imponer su modelo de negocio.

Parece que la UE comparte esta visión, ya que la DMA incluye varias cláusulas que obligan a las grandes empresas tecnológicas, denominadas «plataformas de control», a proporcionar canales oficiales para que operen los interfuncionadores. A pesar de ser un avance significativo, los legisladores deben ir aún más lejos y restaurar el derecho de los tinkerers e hackers para desensamblar y modificar los productos con los que trabajan, permitiendo que funcionen como ellos deseen.

Una de estas disposiciones de interoperabilidad afecta a las tiendas de aplicaciones para dispositivos móviles. Actualmente, la única forma legal de instalar software en un iPhone es a través de la App Store de Apple. Esto puede no ser problemático si se confía plenamente en Apple, pero incluso los más grandes de la industria pueden cometer errores. Por ejemplo, hay aplicaciones que Apple ha bloqueado por razones cuestionables, como una que documenta muertes civiles causadas por ataques con drones de EE. UU. o un juego que simula la vida en un taller de explotación.

De hecho, la UE ha ordenado a Apple que abra iOS a tiendas de aplicaciones competidoras, algo que la compañía ha rechazado de manera rotunda. El plan de Apple para cumplir con la DMA es considerado insuficiente y no viable para la competencia, lo que afecta especialmente a quienes desean ofrecer software libre a los usuarios de iOS. Sin software libre, como sistemas operativos GNU/Linux o herramientas de gestión web como WordPress, el funcionamiento de Internet podría verse seriamente comprometido.

La Fundación de Software Libre de Europa (FSFE) ha presentado un documento formal a la Comisión Europea, objetando la estrategia de Apple por considerarla un obstáculo para que los usuarios de iOS puedan elegir software libre para sus dispositivos. El documento presenta una serie de argumentos legales que refutan las afirmaciones de Apple sobre cómo la DMA se debe implementar, dejando claro que los derechos de propiedad intelectual no deben anular las exigencias de interoperabilidad.

Apple argumenta que permitir tiendas de aplicaciones competidoras pone en riesgo la seguridad y privacidad de los usuarios, lo que ha sido cuestionado por varios expertos en ciberseguridad. Si bien es cierto que Apple ha podido hacer un uso responsable de su poder para asegurar la calidad del software disponible, también ha habido instancias en las que ha abusado de este control, como en China, donde bloqueó herramientas de privacidad y limitó aplicaciones utilizadas en protestas pro-democráticas.

Si bien un usuario puede confiar en que Apple protegerá su privacidad, es crucial que existan opciones para aquellos que no lo hacen. La DMA pinta un panorama esperanzador para la política tecnológica en Europa, y es un alivio ver que entidades como la FSFE presionan a Apple para que cumpla con la ley, ante la posible dilución de los derechos del usuario.
Fuente: EFF.org