El futuro de internet abierto enfrenta un desafío significativo este 31 de octubre, no por la llegada de Halloween, sino por las acciones de las compañías de banda ancha que dominan el acceso a internet en la mayor parte de Estados Unidos. Estas empresas están interesadas en aprovechar su poder oligopólico para imponer tarifas adicionales a los usuarios y sitios web por un acceso «premium» a internet, lo que podría lograrse mediante la reducción artificial de algunas conexiones mientras se priorizan otras.

A pesar de la presión pública y el respaldo de una coalición de grupos de interés, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha prohibido esta priorización pagada y la reducción de velocidad, así como el bloqueo de sitios web. Estas protecciones de neutralidad de red garantizan que los proveedores de servicios de internet (ISP) traten todos los datos que viajan a través de sus redes de manera justa, sin discriminación inapropiada en favor de aplicaciones, sitios o servicios específicos.

Sin embargo, la tentación de obtener beneficios económicos sin invertir en un mejor servicio o infraestructura es difícil de resistir para empresas como Comcast y AT&T. Como resultado, los grandes gigantes de telecomunicaciones han impugnado las reglas de la FCC en los tribunales, y su caso ha llegado ahora al Sexto Circuito de la Corte de Apelaciones.

Un desafío similar fue rechazado de manera contundente por el Circuito de D.C. en 2016, pero en 2017, la FCC, bajo un nuevo liderazgo, revocó las normas de neutralidad de red, a pesar de una fuerte oposición de organizaciones sin fines de lucro, artistas, y millones de usuarios de internet. Años más tarde, la FCC volvió a restaurar estas protecciones, lo que llevó nuevamente a Team Telecom al tribunal, desatando la actual apelación.

El caso se examina en un contexto legal complicado. La nueva conformación del Tribunal Supremo, especialmente con la influencia del juez Kavanaugh, podría afectar el resultado. Entre los interrogantes centrales del caso está la interpretación que hizo el Congreso sobre la regulación de los «servicios de telecomunicaciones» en comparación con los «servicios de información», y en cuál categoría encaja el acceso a la banda ancha.

Las respuestas a estas interrogantes dependerán de si el Sexto Circuito considera que la regulación de internet es una «cuestión importante», lo que implica que solo el Congreso puede autorizar a las agencias a abordarla. Este concepto de «doctrina de cuestiones importantes» ha ganado fuerza en el Tribunal Supremo, que ha mostrado escepticismo hacia el poder administrativo.

Con la reciente decisión de Loper Bright Enterprises v. Raimondo, el Supremo cambió las reglas sobre la deferencia judicial a las interpretaciones plausibles de las agencias sobre el alcance de sus poderes. En el pasado, el Noveno Circuito llegó a la conclusión de que la banda ancha era un servicio de telecomunicaciones, la interpretación más lógica de la ley y la que proporciona una base legal sólida para las protecciones de neutralidad de red. Sin embargo, las compañías de telecomunicaciones lograron argumentar que los tribunales debían adherirse a la interpretación anterior de la FCC.

Así las cosas, Team Telecom sostiene que la FCC no puede clasificar la banda ancha actual como un servicio de telecomunicaciones, alegando que se trata de una «cuestión mayor» que solo el Congreso puede decidir. Por su parte, Team Internet argumenta que el Congreso ha delegado claramente esa autoridad en la FCC.

La decisión del tribunal se anticipa para la primera mitad de 2025, lo que mantendrá la incertidumbre en torno a la neutralidad de la red por algún tiempo. Una vez que el panel emita su opinión, la parte perdedora podrá solicitar una nueva audiencia ante el Sexto Circuito, y luego el asunto podría llegar al Tribunal Supremo, donde se tomará la decisión final.
Fuente: EFF.org