La Casa Blanca ha publicado un nuevo decreto ejecutivo con el objetivo de «restaurar la libertad de expresión y poner fin a la censura federal», pero su contenido ha sido objeto de críticas por no abordar adecuadamente la protección de los derechos de la Primera Enmienda de los estadounidenses. El decreto, emitido el lunes, solicita una investigación sobre las acciones emprendidas por la administración Biden para «moderar, eliminar o de otro modo suprimir la expresión», especialmente en relación con las empresas de redes sociales. Además, instruye al Fiscal General a investigar cualquier actividad del gobierno en los últimos cuatro años que pueda estar en desacuerdo con la Primera Enmienda.

Esta orden menciona que, bajo el pretexto de combatir la «desinformación» y otros términos relacionados, el gobierno federal ha infringido los derechos de expresión protegidos constitucionalmente de los ciudadanos estadounidenses, promoviendo así una narrativa gubernamental favorable en temas de debate público. Sin embargo, uno de los aspectos más críticos que falta en el decreto es un compromiso con la transparencia gubernamental.

Las «Principios de Santa Clara», una guía para la moderación de contenido en línea elaborada por organizaciones de la sociedad civil, subrayan que los gobiernos deberían reportar su propio involucramiento en decisiones de moderación de contenido. En contraste, el decreto actual no refleja dicha premisa.

La limitación temporal del enfoque del decreto también ha generado polémica. Las iniciativas informales del gobierno para influir en las plataformas de medios privados han sido una característica de las administraciones estadounidenses desde al menos 2011. Sugerir que la administración previa fue la única responsable de tales presiones es erróneo y parece más una venganza política que un esfuerzo genuino por limitar acciones inapropiadas del gobierno.

Si bien un análisis sobre la intervención gubernamental en la moderación de contenido es valioso, debe ser exhaustivo y no limitarse a las acciones de un oponente político. La comunidad pública se beneficiaría de un informe que tenga una fecha límite clara y que requiera la publicación de sus resultados, en lugar de ser enviado exclusivamente a la oficina del Presidente. Asimismo, sería más adecuado que la investigación fuera conducida por un inspector general, en lugar del Fiscal General, para evitar la implicación de posibles enjuiciamientos.

Desde hace tiempo, se ha argumentado que la Primera Enmienda prohíbe al gobierno coaccionar entidades privadas para censurar la expresión. No obstante, no toda comunicación acerca de la expresión del usuario es inconstitucional; algunas interacciones son beneficiosas, como cuando las plataformas se comunican con agencias gubernamentales en busca de información autorizada.

Para quienes esperaban un primer decreto centrado verdaderamente en la libre expresión, el anuncio del presidente Trump ha resultado ser una decepción.
Fuente: EFF.org