Un tribunal federal en Nueva York ha decidido a favor de la privacidad personal al otorgar una orden de suspensión preliminar en una demanda que cuestiona la divulgación de registros por parte de la Oficina de Administración de Personal de EE. UU. (OPM) a DOGE y sus agentes. La jueza Denise L. Cote del Distrito Sur de Nueva York ha determinado que la OPM violó la Ley de Privacidad y eludió las prácticas de ciberseguridad establecidas bajo la Ley de Procedimientos Administrativos.
La corte se pronunciará sobre el alcance de la orden más adelante esta semana. Los demandantes han solicitado que se detenga el acceso de los agentes de DOGE a los registros de la OPM y que cualquier información ya divulgada sea eliminada. Las bases de datos de la OPM contienen información personal altamente sensible de decenas de millones de empleados federales, jubilados y solicitantes de empleo.
La jueza Cote subrayó que los demandantes demostraron que los registros de la OPM se divulgaron a individuos sin derechos legales de acceso. En su fallo, remarcó que dicha acción violó no solo la Ley de Privacidad, sino también los estándares de ciberseguridad que deben seguirse, constituido como una violación de confianza y de la ley.
La Electronic Frontier Foundation (EFF), Lex Lumina LLP y Democracy Defenders Fund, junto con The Chandra Law Firm, solicitaron la orden de suspensión en un litigio en curso contra OPM y DOGE en nombre de dos sindicatos y varios trabajadores gubernamentales actuales y ex. Los sindicatos demandantes son la American Federation of Government Employees AFL-CIO y la Association of Administrative Law Judges, parte del International Federation of Professional and Technical Engineers Judicial Council 1 AFL-CIO.
La demanda argumenta que OPM, bajo la dirección del director interino Charles Ezell, divulga ilegalmente registros personales a agentes de DOGE, en violación de la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de Privacidad federal de 1974, que protege a los ciudadanos del abuso de su información personal por parte del gobierno. Además de buscar la detención permanente de futuras divulgaciones de datos de OPM a DOGE, la demanda solicita la eliminación de cualquier dato previamente compartido.
La OPM es el mayor empleador del país, y los registros que mantiene representan una de las colecciones más grandes de datos personales sensibles del país. Además de información identificativa como nombres y números de seguro social, estos registros incluyen datos sobre salarios, salud, beneficios y la información de familiares que podrían ser mencionados en antecedentes y registros médicos.
Habiendo experimentado violaciones previas a la privacidad, como el ataque de 2015 que comprometió la información de 22.1 millones de personas, las acciones recientes de OPM han generado preocupación sobre la seguridad de sus sistemas. La Ley de Privacidad limita la divulgación de registros sensibles sin el consentimiento de los individuos, protegiendo así a los ciudadanos de la acumulación indebida de sus datos personales por parte del gobierno.
Varias cortes ya han determinado que las actividades de DOGE en otras agencias, como la Administración del Seguro Social y el Departamento del Tesoro, probablemente violan la ley. Esta decisión en Nueva York podría sentar un precedente importante en la protección de la privacidad personal de los ciudadanos.
Fuente: EFF.org
