Hace ocho años, más de 750.000 musulmanes rohingya huyeron de Myanmar y se instalaron en campamentos precarios en Bangladés, donde la crisis persiste sin una solución a la vista. Este colectivo ha sido despojado de su ciudadanía y derechos fundamentales en Myanmar, enfrentándose a oleadas de violencia que culminaron en 2017 con un episodio calificado como un “ejemplo de manual de limpieza étnica” por el entonces Alto Comisionado de la ONU, Zeid Ra’ad al-Hussein.

Al cruzar a Bangladés, los rohingya encontraron refugio en lo que se considera el asentamiento de refugiados más grande del mundo, Cox’s Bazar. Sin embargo, lo que comenzó como una medida temporal ha evolucionado hacia una crisis humanitaria prolongada, con pocos rohingyas viendo un futuro seguro que les permita regresar a su patria, donde la junta militar sigue persiguiendo a las minorías y se enfrenta a una rebelión armada.

En Bangladés, las oportunidades de educación y empleo son escasas, y los incidentes de seguridad, la trata de personas y las tensiones con las comunidades locales han incrementado las dificultades. Recientemente, líderes mundiales y funcionarios de la ONU se reunieron en Nueva York para discutir no solo la emergencia humanitaria, sino también los estancados aspectos geopolíticos que perpetúan esta crisis.

Annalena Baerbock, presidenta de la Asamblea General de la ONU, destacó la grave situación de los más de cinco millones de rohingyas desplazados, quienes viven en condiciones críticas con escasez de alimentos, agua, salud y educación. Advirtió sobre el impacto devastador de los recortes presupuestarios, que han dejado a más de 800.000 niños sin acceso a la educación, incrementando así los riesgos de explotación y violencia.

Baerbock hizo un llamado urgente a las naciones del mundo, proponiendo cuatro prioridades: facilitar el acceso a la ayuda humanitaria, asegurar apoyo internacional sostenido, proporcionar un financiamiento adecuado y crear condiciones que permitan un retorno seguro y digno de los rohingyas a Myanmar. Concluyó enfatizando la necesidad de que las palabras se traduzcan en acciones concretas para fortalecer la resiliencia de esta población.

António Guterres, Secretario General de la ONU, denunció décadas de exclusión y violencia que han llevado a la actual situación de más de un millón de rohingyas desplazados. En su mensaje, subrayó la importancia de respetar el derecho internacional, garantizar el acceso humanitario sin restricciones en Myanmar y aumentar la inversión para cubrir las necesidades básicas y fomentar la autosuficiencia.

Wai Wai Nu, fundadora de Women’s Peace Network, alertó sobre la impunidad que ha permitido atrocidades en Myanmar, afirmando que el genocidio contra los rohingyas se ha intensificado. Exigió el fin de la violencia y un retorno seguro con plenos derechos, además de proponer un corredor humanitario y sanciones para los perpetuadores de estos crímenes.

En Myanmar, la situación se agrava cada día tras el golpe militar de febrero de 2021, que ha dejado a miles de civiles muertos y millones desplazados. Las minorías, incluida la comunidad rohingya, enfrentan violaciones sistemáticas de derechos humanos, que incluyen detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, mientras la infraestructura del país, ya débil, se ve severamente afectada por desastres naturales. Sin un enfoque que busque la inclusión y paz, encontrar una solución duradera parece cada vez más distante.
Fuente: ONU últimas noticias