Documentos y registros judiciales recientes revelan que agentes del condado de Johnson, Texas, utilizaron los datos de vigilancia de Flock Safety en una investigación relacionada con un aborto, contradiciendo las declaraciones divulgadas por la empresa y el sheriff local. Inicialmente, se había afirmado que la mujer estaba siendo buscada como persona desaparecida, y que la situación se trataba de su seguridad. Sin embargo, la nueva información indica que los agentes habían comenzado una «investigación de muerte» sobre un «feto no viable», registrando evidencias de un aborto autogestionado por la mujer y consultando a fiscales sobre la posibilidad de presentar cargos en su contra.
El sheriff del condado, Adam King, había negado repetidamente que la búsqueda realizada a través de un lector automático de matrículas (ALPR) estuviera relacionada con la aplicación de la prohibición del aborto en Texas. En declaraciones previas, Flock Safety llamó «falsas» y «sensacionalistas» las narrativas en los medios. Sin embargo, un affidavit jurado por el detective principal del caso confirmó que efectivamente era una investigación de muerte en respuesta a un reporte relacionado con un aborto, y que se recolectó documentación del procedimiento de la «persona reportante», quien era su supuesta pareja romántica.
Los documentos muestran que la oficina del fiscal de distrito del condado informó a los agentes que «el estado no podía acusar [a la mujer] por tomar la píldora para causar el aborto o el aborto espontáneo del feto no viable». Este ocurrido ha generado preocupación entre defensores de la justicia reproductiva en todo el país, destacando cómo el uso de datos de ALPR puede poner en riesgo a las personas, incluidos quienes buscan abortos.
En las semanas siguientes, se llevaron a cabo investigaciones adicionales en respuesta a la controversia, generando un llamado para que se prohíba el uso de datos de lecturas de matrículas para investigar decisiones sobre salud reproductiva. La situación también ha llevado a que líderes en Illinois y California inicien acciones legales y legislativas para garantizar la protección de los derechos reproductivos.
Las revelaciones han mostrado una clara discrepancia entre los hechos y las afirmaciones oficiales sobre el caso. La investigación inicial, que se basó en un informe de la pareja de la mujer, quien también ha enfrentado cargos por violencia doméstica, fue hondamente manipulada en su narrativa pública. Este caso ilustra los peligros de la vigilancia masiva y cómo puede utilizarse para perseguir a personas en contextos que deberían ser protegidos legalmente.
Fuente: EFF.org
