Hace dos años, el Congreso aprobó la Ley de Reforma de la Inteligencia y Seguridad de América (RISAA), que incluía algunas reformas nominales a la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA). A pesar de sus fallas, como ciertas expansiones problemáticas de la ley, la legislación ofreció una victoria significativa para los defensores de las libertades civiles al extender las autoridades de la Sección 702 solo por dos años, lo que permitió al Congreso continuar discutiendo la necesidad de un requisito de orden judicial para las investigaciones que involucren a ciudadanos estadounidenses, así como otras reformas críticas.

Sin embargo, parece que el Congreso no ha continuado con estas labores. Actualmente, se vislumbra una nueva extensión de este programa sin la consideración de reformas esenciales y de sentido común. Destaca la falta de atención hacia la exigencia de un mandato judicial antes de acceder a datos de personas estadounidenses que han sido recolectados sin orden judicial. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, confirmó que «el plan es avanzar con una extensión limpia de la FISA… por al menos 18 meses».

La situación es más desalentadora dada la postura del presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jim Jordan, quien había sido un defensor del requisito de orden judicial y de cerrar la brecha de datos de los corredores de información. Sin embargo, recientemente afirmó que votaría a favor de una extensión limpia de la FISA, argumentando que los cambios introducidos por la RISAA son suficientes por el momento.

Es importante recordar que la RISAA fue, en su esencia, una reautorización de un programa de vigilancia masiva con un largo historial de abusos. Antes de la reautorización de 2024, la Sección 702 ya había sido mal utilizada para realizar consultas inapropiadas sobre manifestantes pacíficos, legisladores, personal del Congreso, donantes de campañas, periodistas y un juez que informaba sobre violaciones de derechos civiles por parte de la policía local. La RISAA amplió la autoridad del gobierno al permitir que este obligara a un grupo mucho más amplio de personas y proveedores a colaborar en esta vigilancia. En resumen, la RISAA representa un retroceso para los derechos constitucionales y la privacidad de los estadounidenses, sin importar si sus comunicaciones son con personas o servicios dentro o fuera de los Estados Unidos.

La reautorización de la Sección 702 no debería llevarse a cabo sin salvaguardias o supervisión adicionales. Afortunadamente, hay en la actualidad tres proyectos de ley de reforma que el Congreso podría considerar: el SAFE, el PLEWSA y el GSRA. Aunque ninguno de estos proyectos es perfecto, todos ellos ofrecen mejoras significativas en comparación con el statu quo y merecen ser considerados en lugar de una legislación que no intente realizar ninguna reforma.

La vigilancia masiva, es decir, la recopilación de enorme cantidad de comunicaciones relacionadas con estadounidenses para luego clasificar los objetivos de manera secreta, siempre ha representado un problema para nuestros derechos. Este fue un problema desde que el presidente George W. Bush lo autorizó en secreto, sin supervisión del Congreso o de los tribunales. La vigilancia sigue siendo un tema oscuro a pesar de que la Sección 702 se implementó en 2008 con la posibilidad de cierto grado de supervisión. El Congreso fue consciente del peligro que representaba esta vigilancia, lo que llevó a establecer revisiones regulares de la Sección 702. Sin embargo, esta reconsideración no ha ocurrido, a pesar de que las circunstancias en la NSA, el Departamento de Justicia y el FBI han cambiado radicalmente. La reforma no solo es necesaria, sino que ahora es urgente.
Fuente: EFF.org