La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido sobre las constantes presiones que enfrenta la población en las zonas bajo control del ejército de Myanmar. Este organismo ha señalado que las autoridades utilizan una mezcla de incentivos y amenazas con el objetivo de forzar la participación electoral en los comicios programados para el próximo 28 de diciembre, poniendo especial énfasis en los grupos más vulnerables.

Entre los afectados se encuentran estudiantes que votan por primera vez, desplazados internos, presos políticos y ciudadanos que residen en el extranjero. Un ejemplo inquietante proviene del estado de Mon, donde un estudiante reveló que su universidad exigía la presentación de una prueba de voto anticipado para poder inscribirse en los cursos.

Desde el golpe de Estado en 2021, Myanmar se ha sumido en una crisis política, dando paso a una guerra civil que ha afectado profundamente la vida de sus ciudadanos. En este sentido, Volker Türk, el Alto Comisionado de la ONU, ha condenado de manera rotunda la violencia y la coerción utilizadas para obligar a los ciudadanos a participar en las elecciones, así como los arrestos de quienes expresan opiniones disidentes. En Chaungzon, algunos jóvenes han manifestado su temor de que se les exija votar para obtener documentos esenciales como pasaportes o identidades, mientras que personas de la tercera edad y con movilidad reducida han sido obligadas a emitir su voto, con soldados recogiendo las papeletas directamente en sus hogares.

Por si esto fuera poco, la represión judicial se ha acrecentado, con la detención de decenas de personas bajo una “ley de protección de las elecciones” por ejercer su libertad de expresión. En Hlaingthaya, tres jóvenes fueron condenados a penas de entre 42 y 49 años de prisión por colgar carteles en contra del proceso electoral, reflejando la severidad del régimen.

Asimismo, las presiones no se limitan a los residentes; también se extienden a los desplazados internos, especialmente en la región de Mandalay, que sufrió un devastador terremoto de magnitud 7,7 a finales de marzo. Reportes indican que a algunos desplazados se les ha amenazado con la confiscación de sus hogares o daños si no regresan a votar en sus localidades de origen. Una fuente mencionada por la ONU compartió que a estas personas se les advierte: “Deben regresar a la ciudad [para votar]. Si no regresan, seguiremos bombardeándolos”.

Volker Türk ha expresado su indignación por estas prácticas, resaltando que forzar a los desplazados a regresar involuntariamente es una violación de sus derechos humanos. La situación es aún más compleja para los civiles, que quedan atrapados entre las fuerzas del ejército y los grupos armados opuestos a la junta. Recientemente, nueve maestras en Kyaikto fueron secuestradas mientras se dirigían a una formación electoral, aunque finalmente fueron liberadas después de advertencias de sus captores. Grupos antimilitares han manifestado su intención de perturbar el proceso electoral, lo que añade una capa adicional de riesgo para la población.

La coerción también afecta a los expatriados, quienes han informado sobre la presión ejercida por representantes del ejército para que participen en las elecciones. En Corea del Sur, algunos trabajadores migrantes han recibido solicitudes para votar, con la renovación de sus documentos supeditada al cumplimiento de un formulario de voto anticipado.

Con este panorama, la Oficina del Alto Comisionado ha señalado que el proceso electoral actual no solo consolida la inseguridad y el miedo, sino que también incrementa la polarización, distanciándolo de una transición política sostenible. “Estas elecciones se llevan a cabo en un clima de violencia y represión”, ha concluido Türk, advirtiendo que las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de derechos como la libertad de expresión o de reunión no están presentes.
Fuente: ONU últimas noticias