Cuatro años después del golpe militar que desestabilizó a Myanmar, el país se encuentra sumido en una policrisis que abarca un colapso económico sin precedentes, el aumento de los conflictos, riesgos climáticos complejos y un creciente índice de pobreza. Así lo revela un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) titulado «Myanmar’s Enduring Polycrisis: Four Years into a Tumultuous Journey», presentado recientemente.
El informe pinta un panorama sombrío, indicando que casi la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza. La economía muestra signos de descomposición, con servicios esenciales que se desmoronan y una crisis política que no parece tener solución a la vista. Según el PNUD, el próximo año será crucial para la resistencia del país, instando a la comunidad internacional a comprometerse urgentemente para mitigar el sufrimiento de la población y evitar un colapso total del estado.
La urgente necesidad de un compromiso internacional se recalca en el informe, que hace un llamado a negociar con todas las partes involucradas para facilitar la estabilidad en Myanmar. Una nación más pacífica y económica podría beneficiarse no solo a sí misma, sino también a sus vecinos y a la comunidad internacional.
Desde 2020, el Producto Interior Bruto (PIB) de Myanmar se ha contraído en un 9%, un retroceso significativo tras una década de progreso económico. La inflación, que alcanzó el 25,4% en 2024, ha erodido aún más el poder adquisitivo, y el déficit comercial se disparó al 2,2% del PIB debido a severas restricciones en el comercio. La moneda nacional ha caído drásticamente, lo que ha hecho que las importaciones sean inasequibles y ha disparado los precios de productos esenciales.
En medio del caos económico, una economía ilícita se ha inflado, convirtiendo a Myanmar en el principal productor mundial de opio y heroína, además de uno de los mayores fabricantes de metanfetaminas. La falta de regulación en industrias clave, como la del jade, junto con el auge del juego ilegal y el tráfico de personas, alimentan un ambiente de corrupción y degradación medioambiental.
La situación social también se ha deteriorado, con más de 3,5 millones de desplazados internos y un 50% de la población viviendo en condiciones de pobreza. La inseguridad alimentaria es alarmante: la productividad agrícola ha disminuido un 16% desde 2021, y regiones como Rakhine enfrentan una crisis alimentaria inminente. La infraestructura de servicios básicos también ha colapsado, con más de la mitad de la población sin acceso a electricidad.
El éxodo de jóvenes es otra consecuencia trágica de la crisis. Se estima que 3,7 millones de jóvenes se habrán emigrado a Tailandia en 2023, y más del 40% de los jóvenes en Myanmar expresan su deseo de dejar el país en busca de mejores oportunidades. Este descontento se ve agravado por la escasa accesibilidad a educación, con más del 20% de los niños fuera de la escuela en el curso escolar 2023/2024.
La degradación ambiental, evidenciada por la pérdida de casi el 38% de los manglares y el 19% de la cobertura forestal, plantea una grave amenaza adicional a la sostenibilidad del entorno y la economía del país.
A pesar de este oscuro panorama, el informe sugiere que hay oportunidades para la recuperación. La resiliencia de las comunidades locales y el potencial de las organizaciones de la sociedad civil en reconstruir la cohesión social son aspectos que pueden ser aprovechados. La inversión en la revitalización de la agricultura y proyectos de protección ambiental podría ser crucial para asegurar la seguridad alimentaria y generar empleo en el futuro.
Sin embargo, el camino hacia la recuperación es incierto y dependerá en gran medida de la respuesta internacional y de las decisiones que se tomen en el contexto político actual.
Fuente: ONU últimas noticias
