Miguel Ángel López, director de una funeraria en Tibú, ha sido asesinado, junto a su esposa y su bebé de diez meses, mientras se dirigían hacia Cúcuta en un carro fúnebre. Este trágico suceso, que ha dejado a su hijo de diez años como el único sobreviviente, pone de manifiesto la escalofriante ola de violencia que azota la región del Catatumbo, una de las áreas más conflictivas de Colombia. Menos de 24 horas después del asesinato de la familia López, varios excombatientes que habían firmado el Acuerdo de Paz de 2016 fueron también asesinados, subrayando la intensificación de una crisis humanitaria que se desata en medio del enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33, un grupo disidente de las FARC.

Diego Andrés García, coordinador de la respuesta de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en la región, destaca que la violencia ha generado un éxodo masivo, con más de 53.000 personas que han abandonado sus hogares en busca de refugio en núcleos urbanos como Cúcuta, Ocaña y Tibú. Las agencias de la ONU están trabajando con los gobiernos locales para proporcionar asistencia humanitaria, aunque el acceso a muchas comunidades sigue siendo un desafío debido a los combates y las amenazas de grupos armados.

Los testimonios de desplazados siguen revelando el miedo y la desesperación. María, una de las personas que se ha visto obligada a huir, describe su experiencia como devastadora: «Lo perdí todo, tuve que salir sin nada. No hubo tiempo». En las redes sociales, circulan videos que documentan la desolación y el temor de quienes escapan a través de caminos rurales, dejando atrás sus vidas y pertenencias.

El Catatumbo, rico en biodiversidad pero pobre en recursos, se ha convertido en un territorio crucial para la producción de cocaína, lo que lo convierte en un campo de batalla entre grupos armados. La declaración del «estado de conmoción» por parte del presidente Gustavo Petro, así como el despliegue de unidades militares, intenta responder a una crisis que se ha intensificado en las últimas semanas. Las acciones militares han generado nuevos desplazamientos, complicando aún más la situación humanitaria en la región.

Las agencias de la ONU están comprometidas en proporcionar asistencia a los desplazados, ofreciendo alimentos, hidratación y atención médica. Sin embargo, las montañas que rodean el Catatumbo han dejado atrapadas a casi 8,500 personas que se encuentran «confinadas», sin acceso a ayuda humanitaria debido a la peligrosidad de la zona. Miles más viven con restricciones severas que limitan su movimiento y acceso a servicios básicos.

La crisis afecta también a la población venezolana en la región, que se encuentra en una situación aún más vulnerable. Muchos de estos migrantes, que han llegado a Colombia en busca de mejores oportunidades, se ven obligados a huir una vez más. Sin la posibilidad de regresar a su país, enfrentan una difícil realidad sin redes de apoyo y con una elevada vulnerabilidad económica.

La guerra por el control del narcotráfico, en un contexto de violencia desbordada, ha conducido a las comunidades del Catatumbo a una situación desesperante. Aunque el acuerdo de paz firmado hace ocho años ofreció una esperanza de estabilidad, la ausencia de una presencia estatal efectiva ha dejado un vacío que ha sido rápidamente llenado por grupos armados.

La situación humanitaria en el Catatumbo está lejos de resolverse. La mayoría de la población desplazada no tiene intenciones de regresar a sus hogares, y los recientes desplazamientos continúan complicando la labor de las agencias humanitarias. La historia de Santiago, quien expresa su deseo de volver, refleja el sentimiento de muchos: «Lo único que queremos es volver, pero no se puede». Con el futuro incierto, el Catatumbo enfrenta un periodo crítico que requiere atención urgente y acción efectiva por parte de las autoridades y la comunidad internacional.
Fuente: ONU últimas noticias