Más de seis millones de personas podrían fallecer a causa del sida en los próximos cuatro años si el gobierno de Estados Unidos decide retirar los fondos destinados a los programas de tratamiento y prevención del VIH/SIDA. Este alarmante pronóstico fue comunicado por ONUSIDA, que expresó su preocupación en un informe emitido el pasado viernes desde Ginebra.
La advertencia surge en un contexto en el que, a pesar de que la ayuda exterior estadounidense incluyó una exención para los programas contra el VIH/SIDA durante la congelación de la ayuda del mes anterior, persisten serias inquietudes sobre el futuro de estos servicios. Christine Stegling, subdirectora ejecutiva de la agencia, declaró que “hay mucha confusión, especialmente en las comunidades”, sobre la aplicación de dicha exención y resaltó los trastornos que ya se están observando en la prestación de servicios, especialmente a nivel comunitario.
El impacto de los recortes ya se siente. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, suspendió durante 90 días la ayuda exterior tras asumir el cargo el 20 de enero. Aunque el Departamento de Estado emitió una exención que permite la continuidad del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida (PEPFAR), lo que ha garantizado el tratamiento de 20 millones de personas seropositivas, las proyecciones de ONUSIDA son contundentes. Se estima que una eventual falta de autorización del PEPFAR entre 2025 y 2029 podría conducir a un aumento del 400% en las muertes por sida, lo que se traduciría en 6,3 millones de fallecimientos atribuibles a esta enfermedad.
Desde su lanzamiento en 2003, el PEPFAR ha sido fundamental en la lucha contra el VIH/SIDA, salvando más de 26 millones de vidas gracias a la inversión en programas esenciales de prevención y tratamiento en 55 países. Sin embargo, preocupa a la agencia el impacto a largo plazo de la reducción en la financiación estadounidense, que podría frenar los avances logrados en la prevención de nuevas infecciones. Mayormente, los servicios de prevención dependen de los fondos internacionales, mientras que los gobiernos suelen enfocarse más en mantener a los pacientes en tratamiento.
El caso de Etiopía ilustra de manera dramática estos efectos. Según ONUSIDA, se han rescindido 5,000 contratos de trabajadores de la salud financiados por Estados Unidos, así como 10,000 contratos de personal encargado de gestionar datos de pacientes. Actualmente, Etiopía está cerca de alcanzar los objetivos globales 95-95-95 en la lucha contra el VIH, pero la reducción de la financiación podría poner en peligro estos logros. Entre las consecuencias inmediatas, 2,385 personas dejarán de tener acceso al tratamiento antirretroviral, mientras que 235,560 personas perderán el suministro de preservativos, medidas esenciales para prevenir nuevas infecciones.
La comunidad internacional observa con creciente preocupación la situación, temiendo que la suspensión de fondos afecte no solo a la atención de quienes ya viven con el VIH, sino también a los esfuerzos por controlar la propagación del virus en un momento en que la lucha contra esta pandemia sigue siendo crucial.
Fuente: ONU noticias Salud
