Los multimillonarios Elon Musk y Mark Zuckerberg están tomando decisiones cruciales que afectan el debate público a nivel global sin rendir cuentas, mientras que el gobierno de Estados Unidos ejerce su influencia para sancionar a críticos y a quienes intentan regular las plataformas tecnológicas, según una nueva evaluación de derechos humanos.
Irene Khan, relatora especial de la ONU sobre libertad de opinión y expresión, presentó un informe que concluye que la libertad de expresión se encuentra en peligro debido a la concentración de poder sin precedentes entre un puñado de gigantes tecnológicos y los Estados. Este informe subraya que los «oligarcas tecnológicos», que incluyen a figuras como Musk y Zuckerberg, tienen una influencia que muchas veces supera a la de naciones enteras.
Las cifras ofrecidas en el documento son alarmantes. Por ejemplo, los ingresos anuales de Meta sobrepasan el Producto Interno Bruto de aproximadamente 130 países, y su base de usuarios es mayor que la población de cualquier nación. OpenAI también ha reportado ingresos que exceden el PIB de 80 países, con su herramienta ChatGPT siendo utilizada por millones cada semana. Estas cifras, más allá de ser meramente económicas, reflejan un cambio en la dinámica del poder informativo global, donde un pequeño grupo de individuos toma decisiones que afectan a miles de millones sin ningún tipo de supervisión o accountability.
El informe destaca el papel de Elon Musk, quien defiende la libertad de expresión en términos absolutos, rechazando la moderación del contenido, y plantea serias preocupaciones sobre el hecho de que una sola persona tenga el poder de decidir qué información es visible o «verdadera». También menciona a Mark Zuckerberg y sus planes de reducir las protecciones contra la incitación al odio en Meta, decisiones que se han tomado sin consulta pública y que impactan a miles de millones.
Khan también critica al gobierno de Estados Unidos, acusándolo de fomentar una interpretación «absolutista» de la libertad de expresión que contradice el derecho internacional de derechos humanos. Este gobierno ha presionado a plataformas tecnológicas para no cumplir con regulaciones de transparencia establecidas por otros países o por la Unión Europea y ha utilizado su influencia política y comercial para castigar a aquellas naciones que intentan imponerse en la regulación del sector digital.
El informe se adentra en el tema de la incitación al odio y la criminalización de la disidencia, donde ciertos actores políticos utilizan la libertad de expresión como arma. La relatora sostiene que permitir el florecimiento del discurso de odio no implica una mayor libertad, sino que, por el contrario, puede silenciar y excluir a quienes son atacados por ese discurso.
Además, se pone de manifiesto que los Estados están utilizando tecnologías avanzadas para restringir el acceso a la información, algo que puede agudizar el efecto paralizante sobre la libertad de expresión.
Irene Khan concluye su informe promoviendo la creación de coaliciones multisectoriales para contrarrestar el poder corporativo y el establecimiento de regulaciones basadas en derechos humanos que protejan a los individuos y garanticen la rendición de cuentas de las plataformas digitales.
El mensaje es claro: la libertad de expresión no es un elemento que deba ser negociado por razones geopolíticas o comerciales, sino un derecho humano fundamental que debe ser protegido frente a la influencia de poderes estatales y corporativos.
Fuente: ONU últimas noticias
