La Plataforma Ciudadana por el Transporte Público de Gran Canaria ha hecho un llamado al Cabildo para que se inicien los trámites necesarios que lleven a la gestión pública y directa del servicio de transporte interurbano. La propuesta, presentada esta semana en una rueda de prensa, sugiere que el actual operador, GLOBAL, debe transformarse en una empresa pública, tomando como modelo el sistema implementado por TITSA en Tenerife.
Durante el evento, que tuvo lugar en el Edificio Sindical de Las Palmas de Gran Canaria, se presentó el Manifiesto en Defensa de la Movilidad Pública de Gran Canaria. La Plataforma defendió la necesidad de que el debate no se limite únicamente a quién debe prestarle el servicio, sino a la esencia misma de la movilidad en la isla, con un énfasis particular en el interés de los ciudadanos de Gran Canaria.
Con el lema ‘¡Guaguas sí, autobuses no!’, la Plataforma expresó su preocupación por el futuro del transporte en la isla, especialmente con la concesión actual que expira el 31 de diciembre de 2027. Exponen que la incertidumbre generada no solo afecta a los empleados de GLOBAL, sino también a todos aquellos que dependen del transporte público para acceder a sus empleos, escuelas y servicios esenciales. Se argumentó que el transporte es un servicio público fundamental que implica cohesión social, equilibrio territorial y desarrollo económico.
En la rueda de prensa, los portavoces de la Plataforma resaltaron que la discusión debe ir más allá de la simple concesión, abogando por la gestión directa del servicio. La referencia a TITSA se centra en su modelo exitoso de gestión pública, que ha permitido al Cabildo tener control total sobre frecuencias, horarios y líneas. La Plataforma pidió que Gran Canaria evite la privatización de GLOBAL, lo que consideran una empresa con un modelo de economía social vinculado a la coyuntura local.
La organización también hizo hincapié en la singularidad del modelo empresarial de GLOBAL, donde los trabajadores participan en la propiedad. Señalaron que esto asegura que los beneficios del servicio permanezcan en la comunidad, contribuyendo a la economía social canaria. Destacaron, además, que el servicio de transporte genera un importante número de empleos indirectos en la isla, lo que subraya aún más la necesidad de mantenerlo en manos locales.
El Manifiesto plantea que la gestión directa permitiría adaptar el transporte a las necesidades de la isla, con un enfoque en la conectividad entre barrios y municipios, teniendo en cuenta la orografía y la dispersión de la población. Este enfoque se traduce en una planificación que prioriza el servicio público sobre criterios meramente económicos.
La Plataforma instó al Pleno del Cabildo a impulsar este cambio de modelo y a trasladar la propuesta a la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria para que se evalúen los instrumentos necesarios para hacer realidad la gestión directa. La reivindicación nace en un momento significativo, ya que Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife han sido elegidas como Capital Española de la Economía Social 2027, un reconocimiento que la Plataforma considera clave para reflexionar sobre el modelo que se desea optar en el futuro.
Con su lema, la Plataforma hace un llamado a la comunidad grancanaria para mantener viva la identidad local en la gestión del transporte, enfatizando que «lo que conecta a Gran Canaria también debe permanecer vinculado a Gran Canaria».
