El Estado ecuatoriano enfrenta una grave crisis de derechos humanos tras la desaparición forzada de cuatro niños afrodescendientes en Guayaquil. El representante de ONU Derechos Humanos en Sudamérica, Jan Jarab, hizo un llamado urgente para que el gobierno investigue los hechos, enjuicie a todos los responsables y tome medidas concretas que impidan la repetición de situaciones similares.
Los menores, que tenían entre once y 14 años, fueron vistos por última vez el 8 de diciembre después de jugar un partido de fútbol. Fueron detenidos por una patrulla militar bajo la acusación de robo, un cargo que más tarde fue desmentido por la Fiscalía, que no encontró pruebas que respaldaran la acusación.
El hallazgo de sus cuerpos, calcinados y con signos de tortura, el 24 de diciembre en una zona cercana a una base militar, generó una profunda conmoción tanto a nivel nacional como internacional. Pocos días después, el 31 de diciembre, las autoridades confirmaron que los cadáveres pertenecían a los niños desaparecidos. Justo antes de esta identificación, un juez de Guayaquil ordenó la prisión preventiva de 16 militares de la Fuerza Aérea por su presunta implicación en la desaparición.
Inicialmente, las autoridades negaron la participación de las fuerzas armadas, pero la evidencia presentada por videos de seguridad contradijo esa versión, mostrando a los militares en el momento de la detención de los menores. Ante esta situación, ONU Derechos Humanos condenó enérgicamente los hechos y expresó su solidaridad con las familias afectadas.
La Oficina recalcó que el Estado tiene la obligación de proteger a los niños y adolescentes y que lo ocurrido representa un claro caso de desaparición forzada, según lo estipulado en la Convención Internacional contra esta atrocidad. Subrayó la necesidad de que las autoridades actúen con celeridad para investigar y sancionar a los responsables, enfatizando que el delito no se anula con el hallazgo de los cuerpos.
Jan Jarab también pidió que la investigación sea independiente y exhaustiva, sin presiones políticas, y que se evite la revictimización de las familias. Además, urgió a que se atiendan otras denuncias de desapariciones forzadas que han surgido en el contexto de la controversia mediática de este caso y llamó a adoptar medidas efectivas para prevenir la repetición de estos hechos.
El funcionario destacó que este trágico incidente debe ser un punto de inflexión en la política de seguridad pública del país y reafirmó el compromiso de la Oficina de Derechos Humanos de apoyar a las familias y a la sociedad ecuatoriana en la lucha por la justicia y la rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos. También se manifestó la intención de promover la justicia racial en la actuación de los agentes del orden y fomentar la capacitación en derechos humanos para prevenir futuras violaciones.
Fuente: ONU últimas noticias