En 2025, se produjo un cambio significativo en la forma en que los funcionarios electos de todo el país abordaron la compra de tecnologías de vigilancia. Ya no se trataba simplemente de adquisiciones administrativas inevitables gestionadas por los departamentos de policía; ahora se consideraban decisiones políticas que estaban sujetas a la supervisión del consejo y a la presión de los electores. Este giro se convirtió en la estrategia más eficaz contra la vigilancia del año.

Desde febrero, al menos 23 jurisdicciones han puesto fin, cancelado o rechazado programas de Lectura de Matrículas Automáticas (ALPR) de Flock Safety, incluyendo ciudades como Austin, Oak Park, Evanston, Hays County, San Marcos, Eugene, Springfield y Denver. Este cambio se debe a que los funcionarios comenzaron a reconocer que la adquisición de tecnología de vigilancia es una forma de poder político y no una rutina administrativa.

Durante décadas, muchas ciudades se vieron atrapadas en lo que los investigadores denominan «prácticas de adquisición heredadas», que priorizaban la «eficiencia» y los «umbrales de costos» por encima de la revisión democrática. Los proveedores de tecnología explotaron esta inercia a través de lo que se conoce como «la trampa del piloto». Estas ofertas sin costo y pruebas gratuitas permitieron a los departamentos de policía eludir los canales formales de adquisición. De este modo, cuando llegaba la factura, la vigilancia ya estaba normalizada en la comunidad, convirtiendo una decisión de compra en una «continuación de servicio» que resultaba políticamente difícil de detener.

La burocracia oculta el poder que los proveedores de vigilancia tienen sobre las decisiones de adquisición municipal. Se ha observado que estos proveedores aseguran «acquiescencia» en sus tratos al ocultar la naturaleza política de la vigilancia detrás de velos administrativos, presentando sus herramientas como «multiplicadores de fuerza» y enterrando contratos en las agendas de consentimiento. Los funcionarios locales, bajo presión, se ven atraídos por la marketing de los proveedores, llevándolos a «externalizar» la toma de decisiones gubernamentales.

Este año marcó un punto de inflexión, ya que las ciudades dejaron de aceptar este marco «administrativo». Este cambio fue impulsado por tres fuerzas convergentes: los hallazgos de auditorías que exponían la falta de salvaguardias en Flock, una creciente presión de organización comunitaria y la comprensión de los funcionarios electos de que decir «no» a una renovación era una opción responsable.

Cuando Austin dejó expirar su piloto de Flock el 1 de julio, fue un juicio político claro: los electores rechazaron una red nacional utilizada para la supervisión de la inmigración. En otras ciudades como Hays County y San Marcos, los funcionarios demandaron evidencia de eficacia y rechazaron el mito del «multiplicador de fuerza». Las decisiones de cancelación no solo fueron actos de activismo, sino también de responsabilidad fiduciaria.

Sin embargo, no todos los casos fueron iguales. En Denver, el alcalde Mike Johnston extendió el contrato de Flock en contra de la oposición unánime del consejo. Esta situación subraya la necesidad de reclamar el proceso de adquisición: cuando se trata como técnico, los proveedores de vigilancia controlan la narrativa; cuando se reconoce como político, los electores obtienen poder.

La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha documentado durante años cómo la adquisición funciona como una palanca para la expansión de la vigilancia. Las victorias de 2025 demuestran que cuando las ciudades comprenden la adquisición como un acto político en vez de técnico, pueden rechazar la vigilancia. La elección de aceptar o rechazar la vigilancia pertenece a la comunidad, y no a los proveedores. A medida que las ciudades se dirigen hacia 2026, la lección es clara: el uso de la vigilancia es una elección, no un mandato.
Fuente: EFF.org