Las restricciones a la actividad de los pisos turísticos y el miedo a la ocupación de estas viviendas o el impago de alquileres podría traer consigo un aumento en la oferta de propiedades en venta. Según la inmobiliaria K&N Elite, esta situación podría liberar cientos o miles de viviendas turísticas al mercado.
En su intento por limitar la expansión de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y mitigar sus efectos negativos, las nuevas regulaciones buscan equilibrar los derechos de los propietarios con los intereses de las comunidades locales. Sin embargo, la efectividad de estas medidas aún está en entredicho, y surge la duda de si las viviendas que se liberen serán realmente destinadas al alquiler residencial.
Rafael Santana, Director de K&N Elite Madrid, destaca: «Los pisos turísticos han transformado el panorama inmobiliario en España, generando tanto beneficios económicos como tensiones sociales». Afirma, además, que se vive una situación contradictoria «ya que se limita la actividad turística de estas viviendas, pero no se protege a sus propietarios frente a posibles ocupaciones o impagos del alquiler».
Con más de 350.000 pisos turísticos contabilizados en 2024, Andalucía, Cataluña y las Islas Baleares figuran entre las regiones con mayor crecimiento de este tipo de alojamientos. En ciudades como Madrid, Sevilla o Santa Cruz, la «turistificación» ha llevado a una concentración masiva de VUT, superando en algunos casos el 60% del parque residencial.
El impacto en el mercado de alquiler y venta es evidente, con una escasez de oferta que provoca un aumento de precios. En lugares como Sevilla o Barcelona, los precios del alquiler han subido casi un 10% en las zonas afectadas por la proliferación de VUT. La rentabilidad de estos pisos turísticos, junto con los temores a la ocupación o impago en los alquileres tradicionales, incentiva a los propietarios a optar por el alquiler turístico, donde los ingresos mensuales pueden superar los 2.500 euros en destinos como la Costa del Sol o las Islas Baleares.
Como respuesta a esta expansión, tanto el gobierno central como los autonómicos han implementado regulaciones. Entre las medidas más destacadas se encuentra la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que permite a las comunidades de vecinos vetar la actividad turística en sus edificios. Además, en Madrid se han endurecido las sanciones para los propietarios que operan ilegalmente, con multas que pueden alcanzar los 400.000 euros. Asimismo, en las Islas Canarias se ha propuesto que al menos el 90% de la edificabilidad residencial sea destinada a viviendas permanentes.
El desafío futuro es encontrar un equilibrio entre el beneficio económico del turismo y la protección del derecho a la vivienda. Las regulaciones intentan mitigar los efectos negativos de las VUT, pero su implementación efectiva sigue siendo un reto, al igual que asegurar que las viviendas liberadas sean destinadas al alquiler residencial.
