Un nuevo informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Instituto de La Haya para la Innovación del Derecho (HiiL) revela que la falta de justicia es un factor crítico que alimenta el desplazamiento forzado en Honduras. En el documento se recogen testimonios de personas afectadas por esta situación. Una mujer de 25 años, originaria del departamento de Cortés, expresa: «Si el sistema judicial hubiera funcionado como debería, creo que quizá las cosas se habrían resuelto mientras yo seguía en mi casa… Pero bueno, me tuve que ir.»
El estudio también destaca que la inseguridad, la violencia, en particular la provocada por las maras o bandas, así como el cambio climático, son otros elementos que impulsan a las personas a abandonar sus hogares. Honduras se encuentra entre los cinco países de América Latina con mayor número de personas desplazadas, aunque las circunstancias a menudo quedan invisibilizadas debido a los riesgos que enfrentan los desplazados internos si se manifiestan.
Desde 2004 hasta 2018, más de 250.000 personas, aproximadamente el 2,5% de la población, fueron desplazadas y la tendencia sigue en aumento. El informe, titulado «Necesidades y Satisfacción con la Justicia en Honduras 2024», es el primer estudio de su tipo en la región y subraya la relación cíclica entre el desplazamiento y la justicia. Este fenómeno a menudo se ve como la única forma de escapar de la violencia y violaciones de derechos humanos, pero a su vez, crea nuevos desafíos legales que obstaculizan aún más el acceso a la justicia.
Las cifras y testimonios recabados ofrecen un panorama sombrío. Una mujer de 43 años, que actualmente reside en Tegucigalpa, comenta: «No hay justicia en ningún sitio. Para mí, mudarme de una casa a otra no significa que me vaya a sentir segura. Ellos [los delincuentes] están por todas partes».
El informe también destaca actividades específicas que agravan la brecha en el acceso a la justicia. Más del 40% de las personas en riesgo de desplazamiento reportaron enfrentar al menos un problema legal, mientras que el 52% de los desplazados internos se enfrentan a graves dificultades legales. Muchos califican estos problemas con un 10 sobre 10 en términos de impacto y dificultad. Además, los desplazados suelen experimentar más problemas legales relacionados con la violencia doméstica, asuntos familiares y económicos en comparación con la población general.
A pesar de la gravedad de la situación, la percepción sobre la efectividad de la justicia es negativa. La mayoría de los entrevistados considera que las autoridades no pueden o no quieren ayudar, complicando aún más sus trámites legales, especialmente con la policía. El impacto de los problemas legales no resueltos es alarmante, ya que el 75% de los encuestados informa haber sufrido consecuencias negativas, como pérdida de ingresos y problemas de salud vinculados al estrés.
El informe subraya que el 11% de las muertes de familiares relacionadas con problemas legales en Honduras es desproporcionadamente alta en comparación con otros países. Este porcentaje contrasta con el 5% en Irak, donde se llevó a cabo un estudio similar.
Los datos recopilados en este estudio son fundamentales para impulsar reformas judiciales que atiendan los desafíos jurídicos que enfrentan las poblaciones desplazadas y vulnerables en Honduras. Kathryn Lo, representante de ACNUR en el país, y Sam Muller, de HiiL, enfatizan que los datos no solo revelan la magnitud del problema, sino que también apuntan hacia posibles soluciones para mejorar la situación.
Fuente: ONU últimas noticias
