Recientemente, la Electronic Frontier Foundation (EFF) se ha unido a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y a diversas organizaciones de defensa legal de diferentes espectros ideológicos para presentar un «amicus brief» que solicita a un juez federal la anulación de un decreto ejecutivo emitido por el expresidente Donald Trump. Este decreto dirige restricciones hacia el bufete de abogados Perkins Coie, conocido por su trabajo en casos de derechos de voto y su representación de los opositores políticos del presidente.
La EFF, que ha defendido los derechos de los usuarios de tecnología durante casi 35 años, ha expresado su apoyo a la valiente resistencia de Perkins Coie frente a lo que considera un mandato sorprendente, vengativo e inconstitucional. En su documento de apoyo, la organización sostiene que el orden ejecutado el 6 de marzo no solo atenta contra la Primera Enmienda, sino que también socava el estado de derecho y la integridad de la profesión legal en múltiples aspectos. Resaltan la importancia de las demandas contra el gobierno federal como un componente fundamental del sistema de pesos y contrapesos que sostiene la democracia estadounidense.
«Si se permite que permanezca en vigor, estas tácticas de presión tendrán un impacto amplio y duradero en la capacidad de los estadounidenses para contratar asesoría legal en asuntos cruciales, así como en su derecho a organizar sus asuntos personales y comerciales como deseen», advierte el amicus brief.
La EFF enfatiza que el decreto ejecutivo, si se hace cumplir, rompería con la tradición y establecería un precedente alarmante: las firmas de abogados que representen a clientes contrarios a una administración pueden y serán castigadas por cumplir con su deber profesional. Esta situación representa un abuso fundamental del poder ejecutivo y presenta graves problemas constitucionales, entre ellos, la violación de la Primera Enmienda, que prohíbe al gobierno distorsionar el sistema legal controlando los argumentos que los abogados pueden presentar.
Asimismo, el decreto constituye una represalia inconstitucional por parte del gobierno contra Perkins Coie por ejercer un derecho protegido por la Constitución durante la representación de sus clientes. La separación de poderes también se ve amenazada, así como los derechos de los litigantes a seleccionar a sus defensores, un principio protegido por la Quinta y Sexta Enmienda.
La organización culmina su declaración haciendo un llamado a que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia anule con rapidez el decreto, además de que la profesión legal en su conjunto condene enérgicamente esta acción. En un contexto donde algunas grandes firmas de abogados han optado por no oponerse, la EFF destaca la urgencia de que la comunidad legal se una en defensa de estos principios fundamentales que sustentan la democracia y el imperio de la ley.
Fuente: EFF.org
