La Electronic Frontier Foundation (EFF), junto con la ACLU y la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, ha presentado un segundo amicus brief ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU., instando a la corte a exigir una orden de registro para las búsquedas de dispositivos electrónicos en la frontera. Este argumento ha sido defendido por la EFF en tribunales y en el Congreso durante casi una década.
El caso, conocido como U.S. v. Smith, surgió cuando un viajero fue detenido en el aeropuerto de Newark tras regresar de Jamaica. Bajo la supervisión del FBI, su teléfono móvil fue sometido a un registro forense. Este individuo estaba bajo investigación por su supuesto involucramiento en una conspiración relacionada con la industria de servicios de mitigación de emergencias en Nueva York, que incluía fraudes con seguros y extorsión. Posteriormente, fue procesado y buscó que las pruebas obtenidas de su teléfono fueran desestimadas en el juicio.
El año pasado, un tribunal de distrito hizo historia al determinar que las búsquedas en teléfonos móviles en la frontera requieren una orden judicial, argumentando que las búsquedas sin orden constituyen una violación de la Cuarta Enmienda. Sin embargo, el juez permitió que las pruebas se utilizaran en el juicio contra Smith, ya que concluyó que los oficiales tenían una «creencia de buena fe» en que tenían la autoridad legal para realizar la búsqueda sin una orden.
El número de búsquedas de dispositivos sin orden en la frontera está aumentando. En el año fiscal 2023, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. realizó más de 41,000 búsquedas de este tipo. La Corte Suprema ha reconocido desde hace un siglo una excepción de búsqueda en la frontera a la exigencia de orden judicial, permitiendo búsquedas no solo sin orden, sino a menudo también sin sospechas.
La justificación principal para esta excepción ha sido la detección de bienes contrabandeados y artículos prohibidos, con el propósito de bloquear su entrada al país. En el amicus brief, se argumenta que el test de balanceo establecido por la Corte Suprema en el caso Riley v. California debería ser el criterio aplicable en esta cuestión. En este caso, la Corte ponderó los intereses del gobierno sobre el acceso no autorizado a datos de teléfonos móviles frente a los intereses de privacidad de los detenidos.
Los intereses de privacidad de los viajeros respecto a sus teléfonos y computadoras son comparables a los que se consideraron en Riley. Los dispositivos modernos contienen una enorme cantidad de datos personales, incluyendo afiliaciones políticas, creencias religiosas, e información financiera y de salud.
Al analizar los intereses del gobierno en el acceso no autorizado a datos digitales en la frontera, el brief sostiene que es necesario considerar cuán alineadas están estas búsquedas con el propósito original de la excepción a la orden de búsqueda. Se argumenta que los intereses del gobierno son débiles en buscar acceso sin restricciones a los dispositivos electrónicos de los viajeros.
Además, se subraya que los contrabandos físicos no pueden encontrarse en datos digitales y que el contrabando digital no puede ser detenido en la frontera mediante búsquedas sin orden, ya que es probable que existan copias de esos archivos en servidores dentro del país. Por último, se sostiene que las búsquedas de dispositivos en busca de evidencia de contrabando o para fines de investigación general se alejan demasiado del propósito original de las excepciones a la búsqueda en la frontera.
Si el Segundo Circuito no está dispuesto a requerir una orden para las búsquedas de dispositivos electrónicos en la frontera, se argumenta que tales búsquedas deberían estar justificadas por una sospecha razonable de que el dispositivo contiene contrabando digital y limitarse a buscar dicho contrabando. Además, se ha señalado que otros tribunales dentro del Segundo Circuito han exigido órdenes para las búsquedas de dispositivos en la frontera.
Se presenta un llamamiento a la Corte para que proteja plenamente los derechos de los viajeros bajo la Cuarta Enmienda en este ámbito.
Fuente: EFF.org
