Entre el 29 de octubre y el 12 de noviembre de 2026, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha emitido tres sentencias significativas respecto a la exoneración del pasivo insatisfecho, un mecanismo que se enmarca dentro de la Ley de Segunda Oportunidad. Esta ley permite a particulares y autónomos liberarse de una parte considerable de sus deudas cuando no pueden hacer frente a ellas. Las sentencias subrayan que la exoneración se concede únicamente a deudores que actúen de buena fe, lo que implica que se deben cumplir ciertos criterios establecidos por la legislación.
En la primera de las sentencias, la 1672/2026, el Tribunal Supremo ratificó la revocación de la exoneración otorgada en 2022 a un deudor que se comprometió a un plan de pagos mensual de 110,85 euros. Sin embargo, se descubrió que poseía 10.540 euros en efectivo tras un viaje a Andorra. El Tribunal concluyó que la ocultación de estos fondos, así como la diferencia con sus ingresos declarados, justificaba la revocación, subrayando la importancia de la transparencia en la declaración de activos.
En una segunda sentencia, la 1703/2026, el Tribunal desestimó el recurso de la Tesorería General de la Seguridad Social contra la exoneración de una peluquera autónoma que dejó de pagar sus cuotas durante 18 meses, a causa de los efectos del estado de alarma y los intentos por mantener su negocio. Según el fallo, la moratoria en la solicitud de concurso hasta el 30 de junio de 2022 eximía a la peluquera de ser considerada negligente por su situación.
Finalmente, en la tercera sentencia, la 1720/2026, el Tribunal rechazó un alegato de la Seguridad Social en relación con el incumplimiento de deberes de información por no haber declarado deudas con el Ayuntamiento de Madrid. El Tribunal argumentó que esta cuestión debió haber sido planteada en el contexto del concurso anterior, lo que habría permitido al deudor defenderse adecuadamente, y destacó que la omisión representaba un porcentaje bajo del pasivo total.
Jorge Werner, socio director del despacho Empezar de Nuevo, destacó que estas resoluciones no alteran la ley, pero establecen de manera clara cómo debe interpretarse en los juzgados. Recomienda a aquellos interesados en acogerse a este mecanismo que declaren la totalidad de sus deudas y mantengan prueba de sus ingresos en los años posteriores. Su despacho se especializa en la asesoría sobre la Ley de Segunda Oportunidad, con una trayectoria de más de 15 años en el sector.


