Las políticas destinadas a fomentar la digitalización de los procesos gubernamentales están ganando impulso en América Latina, tanto a nivel local como regional. Si bien estas iniciativas tienen el potencial de agilizar el acceso a los servicios públicos, también pueden complicar este acceso, volverlo menos claro y poner en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos. El avance hacia la digitalización del gobierno exige que se prioricen la transparencia y las garantías de privacidad en estos procesos.
En noviembre se aprobó la Agenda Digital 2026 para la región, en el marco de la IX Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe. Esta iniciativa, impulsada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), busca mejorar la eficiencia y la transparencia en la administración pública a través de la digitalización de procesos y servicios gubernamentales. Un aspecto clave de esta agenda es el desarrollo de sistemas de identidad digital que faciliten el acceso a los servicios públicos, mientras se promueve la integración regional.
Sin embargo, la transformación digital del Estado presenta desafíos significativos. La eficiencia, muchas veces interpretada como recortes presupuestarios, puede conllevar una reducción del acceso a los procesos públicos, afectando así los derechos fundamentales. De este modo, aunque la digitalización puede simplificar el acceso, también puede complicarlo, especialmente para las poblaciones más vulnerables que suelen tener menor acceso a la tecnología y escasos conocimientos digitales.
La integración de tecnologías digitales en los procesos gubernamentales no garantiza automáticamente una mayor transparencia o participación ciudadana. Para lograrlo, es fundamental que los gobiernos adopten políticas que fomenten la participación activa de los ciudadanos en el diseño e implementación de políticas públicas y en la transición digital de los Estados.
Además, el uso de sistemas de identificación digital y de interoperabilidad de datos es común en los planes de digitalización, pero deben ser implementados con cautela. La falta de garantías adecuadas sobre la privacidad y la seguridad de los datos puede llevar a una vigilancia masiva y a la erosión de la privacidad individual. Es esencial que cada persona tenga el derecho de optar por continuar utilizando documentos físicos en lugar de depender exclusivamente de plataformas digitales.
Un aspecto preocupante es el uso de la inteligencia artificial (IA) en el sector público. Recientemente, Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en lanzar una estrategia nacional de IA, enfocándose en el uso de esta tecnología para mejorar los servicios públicos. En Brasil también se anunció un plan de AI que incluye la implementación de proyectos que pueden beneficiar a la sociedad, pero que al mismo tiempo plantean importantes retos relacionados con el manejo de datos personales.
En cuanto al uso de tecnologías emergentes para la vigilancia, el nuevo gobierno argentino ha promulgado regulaciones que permiten a las fuerzas de seguridad utilizar capacidades de vigilancia cibernética e inteligencia artificial. Aunque estas medidas se justifican en términos de seguridad, han suscitado alertas sobre posibles abusos y la falta de transparencia en su implementación.
La protección de los derechos humanos en el contexto de la digitalización del gobierno es crucial. Se están llevando a cabo esfuerzos para establecer marcos de responsabilidad que guíen el uso de la IA y otros sistemas algorítmicos en decisiones que afectan a los ciudadanos. La promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de tecnologías de vigilancia es esencial para mantener la confianza pública y garantizar que la digitalización no erosione derechos fundamentales.
A medida que América Latina avanza hacia una mayor digitalización de sus gobiernos, es fundamental que este proceso se realice de manera inclusiva y respetuosa de los derechos humanos, asegurando que la tecnología sirva para empoderar a los ciudadanos en lugar de distanciarlos del Estado. La sociedad civil juega un papel clave en esta lucha, y es esencial mantener un debate abierto sobre la implementación de tecnologías que, aunque prometedoras, deben ser manejadas con un firme compromiso hacia los derechos fundamentales.
Fuente: EFF.org