Un nuevo proyecto de ley presentado esta semana en el Senado estadounidense plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y la libertad de expresión en Internet. La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha instado al Congreso a rechazar el STOP CSAM Act de 2025, que podría socavar los servicios que ofrecen encriptación de extremo a extremo y obligar a las empresas de Internet a eliminar contenido legítimo creado por los usuarios.
El proyecto de ley, conocido como S. 1829, pretende limitar la difusión en línea de material de abuso sexual infantil (CSAM), que ya es ilegal. La legislación existente ya exige a los proveedores de servicios en línea que, al tener conocimiento de CSAM, lo informen al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, el cual luego se encarga de remitir los informes a las autoridades judiciales.
Sin embargo, el S. 1829 va más allá de lo que la ley actual establece y amenaza con sancionar a cualquier servicio que busque proteger la seguridad de sus usuarios, incluidos aquellos que intentan erradicar y reportar CSAM. Este proyecto se aplica a una amplia gama de servicios de computación interactiva, que incluyen aplicaciones de mensajería privada, plataformas de redes sociales y proveedores de almacenamiento en la nube.
Entre sus disposiciones, el proyecto de ley criminaliza el hecho de “almacenar o hacer disponible” material de abuso infantil. Los términos “promover” y “facilitar” son tan amplios que pueden dar lugar a responsabilidades civiles incluso en situaciones donde los proveedores no eran conscientes de la presencia de CSAM. Esto podría llevar a que aplicaciones o sitios web sean considerados culpables de albergar dicho contenido, a pesar de que empleen encriptación de extremo a extremo y, por lo tanto, no puedan verificar el contenido subido por los usuarios.
Además, el proyecto de ley incluye una defensa afirmativa que los proveedores pueden utilizar si es «tecnológicamente imposible» eliminar el CSAM sin comprometer la encriptación. Sin embargo, esta defensa no es suficiente para proteger la seguridad digital. Los proveedores tendrían que enfrentarse a los elevados costos de litigios, lo que podría resultar insostenible, especialmente para las nuevas plataformas que compiten con gigantes establecidos.
Otra preocupación surge de que el proyecto de ley introduce una nueva excepción a la Sección 230 de la ley de comunicaciones, una legislación fundamental que otorga inmunidad parcial a los intermediarios de Internet respecto al contenido publicado por sus usuarios. Sin esta protección, es probable que las plataformas se vean obligadas a censurar más contenido de usuarios para reducir su exposición a litigios, lo que afecta directamente la libertad de expresión en línea.
La combinación de estas medidas podría crear un entorno digital más restringido, en el que los usuarios dependerían de servicios que podrían ser reacios a permitir la libre comunicación por miedo a represalias legales. La EFF, junto con otros defensores de los derechos digitales, hace un llamado urgente a los legisladores para que reconsideren este enfoque hacia la regulación de Internet.
Fuente: EFF.org
