Las autoridades policiales han sido finalmente objeto de un creciente escrutinio sobre el uso de la tecnología de reconocimiento facial (FRT), a medida que emergen casos de arrestos erróneos que plantean serias preocupaciones sobre su fiabilidad. Recientemente, un informe del Washington Post ha revelado cómo los departamentos de policía, a pesar de afirmar que utilizan la FRT solo como una pista investigativa, a menudo ignoran los protocolos establecidos y realizan detenciones basándose exclusivamente en coincidencias generadas por software, dejando de lado investigaciones más exhaustivas.
Entre los casos que destacan en este informe se encuentran los de Christopher Galtin y Jason Vernau, quienes fueron arrestados erróneamente en St. Louis y Miami, respectivamente. Ambos hombres sufrieron detenciones a pesar de la existencia de pruebas que demostraban que no eran las personas que el software había identificado incorrectamente. La situación de Vernau es particularmente alarmante, dado que el asistente del jefe de policía de Miami había testificado ante el Congreso que su departamento no procede a realizar arrestos basándose solamente en la FRT sin una investigación adecuada. Sin embargo, está claro que no todos los agentes siguen estas directrices.
Las preocupaciones sobre el uso de esta tecnología se ven amplificadas por el hecho de que muchos de los individuos afectados por arrestos erróneos son personas de piel oscura. Investigaciones han demostrado que el reconocimiento facial tiene una tasa de precisión significativamente menor cuando se trata de identificar a personas con tonos de piel más oscuros, lo que plantea interrogantes sobre la equidad y el racismo sistémico en la aplicación de estas tecnologías de vigilancia.
Ante la creciente evidencia de casos de detenciones erróneas, cada vez más ciudades en Estados Unidos están adoptando la decisión de prohibir el uso de la FRT por parte de la policía. La preocupación no es infundada: incluso en un escenario donde la tecnología fuera 100% precisa, aún existirían riesgos para las libertades civiles. La posibilidad de que las fuerzas del orden utilicen drones para identificar a manifestantes en una protesta es una amenaza que podría fácilmente volverse realidad.
Los defensores de los derechos civiles continúan instando a los gobiernos locales, estatales y nacionales a implementar prohibiciones sobre el uso de la tecnología de reconocimiento facial en el ámbito policial. La presión para actuar se ve impulsada no solo por los casos que han salido a la luz, sino también por un consenso creciente sobre la necesidad de garantizar que la tecnología se use de manera responsable y ética. Con las evidencias que siguen acumulándose, la urgencia de estos llamados solo continuará aumentando.
Fuente: EFF.org