El relator especial de la ONU sobre tóxicos y derechos humanos, Marcos Orellana, ha comparecido ante la Corte Constitucional de Ecuador presentando su argumento en el caso relacionado con la consulta popular sobre la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. Su intervención se enmarca dentro de una figura procesal conocida como amicus curiae, que permite a expertos opinar sobre un caso a pesar de no ser parte en él.
Orellana destacó la responsabilidad de los Estados de ejecutar las decisiones judiciales de manera efectiva y pronta, apuntando que el incumplimiento de la voluntad popular, así como de la sentencia de la Corte, pone en riesgo uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. Además, enfatizó que la situación está amenazando los derechos de los pueblos indígenas y minando el Estado de Derecho en el país.
En agosto de 2023, los ciudadanos ecuatorianos decidieron en una consulta popular organizar una protección indefinida del petróleo en el Bloque 43 del Parque Nacional Yasuní. A pesar de la sentencia emitida, el Gobierno ecuatoriano ha continuado con las actividades de extracción de hidrocarburos en esta zona protegida, lo que Orellana considera una violación a la decisión popular y judicial. El relator subrayó que las normas internacionales de derechos humanos cobran mayor relevancia en este contexto, especialmente cuando el incumplimiento puede poner en peligro la supervivencia de comunidades indígenas y causar daños medioambientales significativos.
En su presentación, Orellana igualmente hizo hincapié en la relación entre los derechos de los pueblos indígenas y la necesidad de un medio ambiente sano. Los grupos indígenas que habitan en la selva amazónica del Yasuní enfrentan peligros a su salud y territorios debido a la presencia de sustancias tóxicas y desechos provenientes de la extracción petrolera.
El relator argumentó la necesidad de que los tribunales constitucionales integren las normas internacionales de derechos humanos en el derecho nacional. Resaltó la importancia de que la Corte Constitucional de Ecuador supervise el cumplimiento de su propia sentencia en este asunto. Para garantizar un desarrollo sostenible, Orellana remarcó que el Acuerdo de Escazú, que se enfoca en los derechos ambientales en América Latina y el Caribe, exige a los Estados contar con mecanismos efectivos que aseguren la justicia en cuestiones medioambientales y el cumplimiento de las decisiones judiciales.
Fuente: ONU últimas noticias
