El mes pasado, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos emitió una orden preocupante a todos los directores de las agencias estatales de los Programas de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP): entregar sus datos. Esta medida forma parte de un esfuerzo mayor de la administración Trump por obtener “acceso sin restricciones a datos integrales de todos los programas estatales que reciben financiamiento federal”, a través de la Orden Ejecutiva 14243. Aunque la orden menciona que este intercambio de datos se dirige a la reducción del fraude, su redacción es tan amplia que podría permitir casi cualquier tipo de intercambio de datos. Este enfoque contraviene prácticas consagradas de privacidad de datos y coloca a las personas en una situación de considerable riesgo.
Un grupo de beneficiarios de SNAP y organizaciones han entablado demandas para intentar bloquear el intercambio de datos permitido por la Orden Ejecutiva. Asimismo, el estado de Nuevo México se ha negado a cumplir con la orden, citando “cuestionamientos y preocupaciones sobre la legalidad de la demanda del USDA por la información”.
El gobierno federal ha emitido escasas declaraciones sobre el uso que se dará a esta información. Diversas poblaciones específicas, como solicitantes de asilo, refugiados y víctimas de trata, son elegibles para el programa SNAP. Aunque los inmigrantes indocumentados no pueden recibir beneficios de SNAP, sus miembros del hogar que son ciudadanos estadounidenses o tienen otros estatus migratorios elegibles pueden serlo, lo que plantea la inquietante posibilidad de que la información de SNAP se comparta con autoridades de inmigración u otros organismos de aplicación de la ley.
Es esencial respetar la privacidad en los programas gubernamentales que brindan servicios de apoyo vital a poblaciones vulnerables como SNAP. Este programa asiste a las personas que necesitan ayuda para adquirir alimentos, que es, sin duda, una de las necesidades más básicas. A menudo, el miedo a represalias y a un uso indebido de los datos gubernamentales, como el estado migratorio de miembros del hogar que no reciben beneficios, impide que muchas personas elegibles se inscriban en la asistencia alimentaria a pesar de su necesidad.
Desalentar a personas elegibles de inscribirse en beneficios de SNAP va en contra de los objetivos del programa, que buscan reducir la inseguridad alimentaria, mejorar los resultados en salud y beneficiar a las economías locales. Este es solo el último esfuerzo de intercambio de datos gubernamentales que despierta alarmas sobre los derechos digitales. Nadie debería temer que solicitar ayuda de su gobierno para combatir el hambre pueda traer consecuencias negativas. Es imperativo que el USDA garantice que no utilizará como arma programas diseñados para proporcionar alimentos durante momentos críticos.
Fuente: EFF.org
