Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pone de manifiesto los retos que enfrentan los países europeos en la adopción de inteligencia artificial (IA) en sus sistemas de salud. Según el estudio, un notable 86 por ciento de los Estados miembros encuestados, precisamente 43 de 50, coincide en que la escasez de recursos económicos es un obstáculo fundamental para el despliegue seguro de estas tecnologías. La falta de inversión, sostiene el Departamento de IA de ASHO, limita la capacidad de las naciones para integrar de forma ética y efectiva la IA en sus servicios de salud.
La inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar la atención médica, ofreciendo soluciones avanzadas como sistemas de diagnóstico asistido, herramientas de apoyo a la decisión clínica y chatbots que facilitan el seguimiento de pacientes. Sin embargo, el informe subraya que la falta de financiación no solo obstaculiza la implementación de estas innovaciones, sino que también repercute en la formación del personal sanitario y en el desarrollo de marcos regulatorios que aseguren un uso responsable de las tecnologías.
ASHO advierte que la ausencia de inversiones adecuadas puede llevar a la implementación desigual de la IA en el sector salud, generando inequidades en el acceso a la atención médica y poniendo en riesgo la calidad de los servicios. Esta situación se refleja de manera particular en España, donde la asignación de un presupuesto específico para la inteligencia artificial en el ámbito sanitario es aún limitada. Pese a la existencia de planes de transformación digital generales, tanto la financiación para la capacitación del personal como la inversión en el desarrollo de herramientas y en la creación de una regulación legal efectiva son insuficientes.
El informe de la OMS concluye que, para que la inteligencia artificial alcance su pleno potencial, es imprescindible que los Estados miembros prioricen la inversión no solo en tecnología, sino también en la educación del personal sanitario y en la creación de marcos legales que protejan tanto a los pacientes como a los profesionales del sector. La falta de acción en este ámbito podría tener consecuencias graves para la equidad y la calidad de la atención en la salud a nivel europeo.
