Expertos en prevención de la tortura de la ONU han expresado su creciente preocupación por las deficientes condiciones de vida de las personas privadas de libertad en Bolivia. Durante una misión que tuvo lugar entre el 1 y el 12 de diciembre, la delegación del Subcomité para la Prevención de la Tortura, liderada por Marie Brasholt, visitó 34 centros de detención en diferentes departamentos del país. Esta fue la tercera visita del subcomité a Bolivia, en donde realizaron un exhaustivo examen de las instalaciones y condiciones prevalentes en estos centros.
“Valoramos la colaboración de las autoridades, que facilitó nuestras visitas”, comentó Brasholt, quien subrayó también la alarma por los elevados índices de detención preventiva que provocan un significativo hacinamiento carcelario. Las declaraciones de la jefa de la delegación evidencian la necesidad de una evaluación más profunda sobre el uso de esta medida en un Estado de derecho y el papel que debe desempeñar el poder judicial en este proceso.
Durante su estancia, la delegación no solo recorrió centros de detención, sino que también visitó estaciones policiales, hospitales psiquiátricos, centros de rehabilitación para personas con problemas de drogodependencia, un hogar infantil y un cuartel militar. Se llevaron a cabo entrevistas confidenciales con detenidos y funcionarios en un marco en que la supervisión estatal era nula, lo que encendió aún más las alarmas sobre la necesidad de una mayor vigilancia en instituciones que ofrecen servicios de rehabilitación.
“Nos preocupa que algunas instituciones privadas que atienden a personas con problemas de drogodependencia no estén sometidas a un control riguroso por parte del Estado”, afirmó Brasholt. La delegación también realizó visitas conjuntas con el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, que es el órgano responsable de supervisar la prevención de la tortura en el país, según lo estipulado por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
Brasholt destacó que, a pesar de los evidentes desafíos, el trabajo del Mecanismo es satisfactorio y se debe fortalecer su rol para que pueda cumplir a cabalidad con su mandato. El subcomité compartirá su informe final con el Estado, incluyendo observaciones y recomendaciones, en un esfuerzo por contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad en Bolivia.
Desde su ratificación del Protocolo Facultativo en 2006, el país se ha comprometido a permitir visitas del Subcomité de la ONU a todos los lugares donde haya personas detenidas, sin previo aviso ni restricciones. Esta misión de expertos pone de relieve la urgencia de abordar la situación de los derechos humanos en las prisiones bolivianas, una cuestión que requiere atención y acción inmediata por parte de las autoridades competentes.
Fuente: ONU últimas noticias
