En los últimos años, el uso de drones por parte de las fuerzas del orden en Estados Unidos ha experimentado un crecimiento significativo, lo que ha desatado un intenso debate sobre la privacidad y la seguridad. Estos vehículos aéreos no tripulados, equipados con cámaras de alta resolución y otros dispositivos de vigilancia, están siendo utilizados por más de 1500 agencias de policía en todo el país. Entre las tecnologías que incorporan se encuentran transmisores de video en vivo, cámaras térmicas, sensores de calor y lectores automáticos de matrículas, lo que les permite recopilar una gran cantidad de datos personales, tanto de manera intencionada como incidental.
El uso de drones en la vigilancia plantea cuestiones legales complejas, especialmente en relación con la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege contra registros e incautaciones no razonables. Fallos de la Corte Suprema de la década de 1980, como los casos de California v. Ciraolo y Florida v. Riley, establecieron que la vigilancia aérea realizada sin una orden judicial no violaba la privacidad cuando no hay una expectativa razonable de privacidad en lo que es visible desde el cielo. Sin embargo, la evolución de la tecnología y el menor costo y tamaño de los drones están cambiando el panorama de esta discusión.
Las preocupaciones por el uso excesivo de la vigilancia aérea se han intensificado. Recientemente, el Cuarto Circuito de Apelaciones determinó que un programa de vigilancia aérea masiva usando aviones tripulados que cubría la mayor parte de una ciudad violaba la Cuarta Enmienda. A medida que los drones se vuelven más comunes y eficientes para recopilar información de manera discreta, el riesgo de abusos aumenta. A diferencia de los aviones y helicópteros, los drones son capaces de operar sin hacer ruido, lo que les permite vigilar sin que las personas sean conscientes de su presencia.
En respuesta a la creciente inquietud por la vigilancia con drones, algunas agencias, como el Departamento de Policía de Nueva York, han intentado establecer políticas internas para limitar su uso sin orden judicial sobre propiedades privadas. No obstante, estas promesas carecen de mecanismos de aplicación, lo que puede llevar a que se ignoren si se considera conveniente. Un ejemplo de esto fue la decisión del alcalde de Nueva York, Eric Adams, de desplegar drones para espiar fiestas en patios traseros durante el Día del Trabajo, lo que levantó la ira de los defensores de la privacidad.
Con el ritmo de avance de la tecnología, es probable que el uso de drones por parte de la policía continúe aumentando. Este crecimiento requiere que los tribunales y los legisladores respondan adecuadamente, asegurando que los derechos de privacidad no se vean socavados por los avances tecnológicos. Algunos estados han comenzado a legislar sobre el uso de drones por parte del gobierno, estableciendo requisitos de orden judicial en ciertas circunstancias. El camino para lograr un equilibrio adecuado entre la seguridad pública y la protección de la privacidad será crucial en los próximos años, a medida que las capacidades de los drones sigan evolucionando.
Fuente: EFF.org
