En un reciente caso que ha generado controversia en el ámbito jurídico de Massachusetts, se ha puesto de manifiesto la necesidad de proteger la privacidad de las personas bajo monitoreo electrónico. Anthony Govan, un acusado que se encontraba bajo vigilancia electrónica como condición de su liberación previa al juicio, se convirtió en objeto de un uso indebido de sus datos por parte de las fuerzas del orden. La policía, al investigar un delito no relacionado, solicitó a la división de monitoreo electrónico del tribunal la identidad y ubicación de «cualquiera» que estuviera en las cercanías del incidente investigado. Como resultado, la información de Govan fue utilizada contra él en esta nueva causa, lo que ha suscitado fuertes críticas sobre el uso de datos recopilados en tales circunstancias.

Acompañado de la Comisión de Servicios Públicos para la Defensa, la ACLU y la Asociación de Abogados de Defensa Criminal de Massachusetts, la Electronic Frontier Foundation (EFF) ha presentado un escrito amicus ante la Corte Suprema Judicial de Massachusetts, argumentando que el acceso a la información de ubicación de Govan por objetivos diferentes a los inicialmente previstos no se justifica sin una orden judicial adecuada. En su argumentación, la EFF resalta el carácter coercitivo de los programas de monitoreo electrónico, donde la alternativa de estar encarcelado dificulta el consentimiento efectivo para la recolección de datos.

El derecho a la privacidad de los datos geolocalizados es un tema candente en el ámbito judicial. A pesar de estar bajo monitoreo, Govan conservaba una razonable expectativa de privacidad en su información de ubicación. La información sobre movimiento y localización es, como han señalado cortes, incluidos la Corte Suprema de EE.UU., altamente sensible y reveladora. Se plantea así la pregunta: ¿mientras se esté bajo monitoreo, se debe renunciar a esta expectativa de privacidad en un contexto que incluye actividades cotidianas y privadas?

Además, el caso de Govan es especialmente problemático por el hecho de que aún no ha sido condenado y por lo tanto se presume su inocencia. La EFF argumenta que, según la ley vigente, quienes están en libertad bajo fianza previa al juicio merecen una protección mucho más robusta bajo la Cuarta Enmienda que aquellos que están bajo monitoreo después de una condena. El uso de la información recabada debería limitarse, según los activistas, exclusivamente a asegurar que Govan cumpliera con las condiciones de su liberación.

Finalmente, la EFF no solo pide justicia para Govan, sino que también insta al tribunal a establecer guías claras para futuras órdenes judiciales. La prohibición de «órdenes generales», que se asemejan a una búsqueda sin criterios específicos, es un pilar de la Cuarta Enmienda que debe cumplirse. Las solicitudes que abarcan grandes volúmenes de datos de localización, como en este caso, no cumplen con los requisitos de conexidad y particularidad necesarios.

Este caso pone de relieve las preocupaciones sobre cómo, a pesar de que el monitoreo electrónico se presenta como una alternativa a la detención, la realidad sugiere que la expansión de la vigilancia estatal puede llevar a abusos si no se regulan adecuadamente. Las cortes deben ser cautelosas en permitir que el gobierno utilice información recopilada para fines distintos a los originalmente previstos, sin el debido respaldo legal.
Fuente: EFF.org