El aumento de la inseguridad alimentaria a nivel global continúa siendo alarmante, con 343 millones de personas en 74 países sufriendo de hambre aguda, lo que representa un incremento del 10% en comparación con el año anterior. Esta cifra está apenas por debajo del récord alcanzado durante la pandemia, lo que refleja una crisis alimentaria que persiste y se agudiza. Entre las situaciones más críticas, se estima que 1,9 millones de personas se encuentran al borde de la hambruna en regiones como Gaza y Sudán, así como en partes de Sudán del Sur, Haití y Malí.
En América Latina y el Caribe, la situación es igualmente preocupante: 40,8 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria, de las cuales 14,2 millones requieren asistencia urgente. La magnitud de esta crisis ha llevado al Programa Mundial de Alimentos a solicitar 16.900 millones de dólares para poder asistir a 123 millones de las personas más vulnerables en 2025, un monto que equivale aproximadamente a lo que el mundo gasta en café en solo dos semanas.
Además de la crisis alimentaria, la situación de los trabajadores humanitarios es cada vez más grave. En lo que va de 2024, se han registrado 281 muertes de personal humanitario, la cifra más alta jamás documentada. De esos, 178 trabajadores han perdido la vida en Gaza, convirtiéndolo en el lugar más peligroso para estos valientes profesionales. Aún más preocupante es el hecho de que la mayoría de los asesinatos en Gaza han afectado a personal de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), lo que refleja las difíciles condiciones de seguridad en las que muchos operan.
En un intento de abordar el calentamiento global, un nuevo borrador de acuerdo en la COP29 propone que los países ricos se comprometan a aportar 250.000 millones de dólares anuales para ayudar a los países vulnerables a enfrentar los desafíos climáticos. Sin embargo, organizaciones civiles han calificado esta propuesta de insuficiente y un insulto a quienes luchan por sobrevivir en naciones vulnerables.
Por último, en México, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha expresado su preocupación ante una propuesta de reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que conllevan prisión preventiva automática. Esta reforma, ya aprobada por la Cámara de Diputados y en análisis en el Senado, incluye delitos como la extorsión y el contrabando, lo que ha suscitado dudas sobre su conformidad con los derechos humanos y la independencia del sistema judicial. La introducción de «jueces sin rostro» para sentencias anónimas también genera serias preocupaciones en términos de justicia y transparencia.
Fuente: ONU últimas noticias
