La semana pasada, la Electronic Frontier Foundation (EFF), junto con la Asociación de Abogados Defensores de Michigan, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la ACLU de Michigan, presentó un informe amicus curiae en el caso «People v. Carson» ante la Corte Suprema de Michigan. Este informe cuestiona la constitucionalidad de la orden de registro del teléfono inteligente de Mr. Carson.

Mr. Carson fue arrestado por robar dinero de la caja fuerte de su vecino junto con un cómplice. Meses después, las fuerzas del orden solicitaron una orden de registro para el teléfono móvil de Carson. Aunque la orden enumeraba las reclamaciones que fundamentaron su arresto, la única referencia al teléfono fue una afirmación general de un oficial sobre su uso en la comisión de delitos. La orden se ejecutó, permitiendo el registro completo del teléfono de Carson sin limitaciones temporales o de categoría en los datos a examinar. La evidencia obtenida de su teléfono fue utilizada para condenarlo.

En la apelación, la Corte de Apelaciones dictó varias resoluciones a favor de Carson, incluida la decisión de que la evidencia del teléfono no debía haberse admitido, ya que la orden de registro carecía de especificidad y era inconstitucional. El gobierno apeló ante la Corte Suprema de Michigan, que aceptó la apelación y se presentó el informe amicus.

En este documento, EFF argumentó que la orden era constitucionalmente deficiente y excesivamente amplia, ya que no había causa probable para registrar el teléfono y carecía de la especificidad necesaria, al no limitar la búsqueda a un período determinado o a categorías específicas de información.

Como reconoció la Corte Suprema de EE.UU. en el caso «Riley v. California», los dispositivos electrónicos, como los teléfonos inteligentes, son distintos de otros objetos tanto cuantitativa como cualitativamente. Estos dispositivos tienen una capacidad de almacenamiento inmensa y contienen datos sensibles y reveladores, desde información bancaria hasta aplicaciones relacionadas con la salud personal. Esta naturaleza especial de los dispositivos digitales exige que los tribunales revisen las órdenes de registro con atención rigurosa a los requisitos de causa probable y especificidad establecidos en la Cuarta Enmienda.

En este caso, la orden de registro no cumplió con estos estándares. Para que haya causa probable para registrar un objeto, la solicitud de orden debe establecer un «nexo» entre el incidente en investigación y el lugar a registrar. Sin embargo, la solicitud en esta situación no proporcionó razones que justificaran la búsqueda de pruebas del robo en el teléfono de Carson, limitándose a repetir los alegatos que llevaron a su arresto.

Además, la orden permitía la búsqueda de «todos los datos» contenidos en el teléfono, sin límites. Este tipo de “órdenes de contenido total” son justamente el tipo de órdenes generales contra las que la Cuarta Enmienda y sus correlatos estatales estaban diseñadas para proteger. Las órdenes de búsqueda de teléfonos móviles que se han avalado suelen incluir restricciones temporales y límites en las categorías de datos a examinar, algo que no ocurrió en este caso.

Con el aumento de la capacidad y funcionalidad de los teléfonos inteligentes, es crucial que los tribunales mantengan una construcción estricta de las órdenes para la búsqueda de dispositivos electrónicos, apoyando así el propósito fundamental de la Cuarta Enmienda: salvaguardar la privacidad y la seguridad de los individuos frente a invasiones arbitrarias por parte de funcionarios gubernamentales.
Fuente: EFF.org