El jueves pasado, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su exministro de Defensa, Yoav Gallant, y el comandante de Hamas, Mohammed Deif, quien se presume muerto. Estas órdenes se deben a los cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad que habrían sido cometidos durante la guerra entre Israel y Hamas, la cual se inició el 7 de octubre de 2023.
Este anuncio ha generado reacciones en el ámbito internacional, con alrededor de 30 expertos de la ONU en derechos humanos respaldando la decisión. En un comunicado conjunto, los especialistas clasificaron la acción de la Corte como un «paso histórico hacia la justicia y la rendición de cuentas». Resaltaron que dichas órdenes representan una oportunidad “de poner fin a décadas de impunidad por las graves violaciones del derecho internacional en los territorios palestinos ocupados”.
Los relatores especiales señalaron que la prolongada falta de rendición de cuentas, particularmente por parte de Israel, ha contribuido a la creciente e insostenible violencia en la región, lo que afecta la vida y el futuro tanto de los israelíes como de los palestinos. En su declaración, instaron a los Estados a demostrar su compromiso con la justicia, respetando el derecho internacional de forma universal, sin prejuicios ni dobles raseros.
Además, hicieron un llamado a los tribunales nacionales para que colaboren en la importante labor de la Corte Penal Internacional, enfatizando que el cumplimiento de estas órdenes de arresto es esencial para romper con la impunidad prolongada que ha favorecido a los perpetradores de crímenes graves.
También, los expertos hicieron hincapié en el derecho fundamental de las víctimas y sus familias a obtener reparaciones significativas, subrayando que para garantizar esos derechos, es crucial que la CPI opere sin interferencias ni presiones externas. La responsabilidad de los Estados de respetar el derecho internacional y sancionar a los criminales de guerra es muy clara y, puntualizan, la implementación de las decisiones de la CPI recae en los gobiernos.
Desde el inicio del conflicto actual, los expertos han recibido y documentado pruebas de graves violaciones del derecho internacional contra la población civil, muchas de las cuales constituyen crímenes de guerra o de lesa humanidad. Por lo tanto, enfatizan que estas transgresiones no deben quedar impunes y deben cesar de inmediato.
Fuente: ONU últimas noticias
