En la madrugada del 19 de marzo de 2010, un trágico suceso marcó la vida de dos familias en México. Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes destacados del Tecnológico de Monterrey, fueron ejecutados por elementos del Ejército mexicano al salir de la universidad. La versión oficial del evento los presentó como sicarios armados abatidos en un enfrentamiento, pero quince años después, sus familias continúan luchando por una justicia integral que limpie el nombre de sus seres queridos.

Jorge, originario de Saltillo, Coahuila, había demostrado desde pequeño su pasión por la gimnasia, enfocándose en su formación profesional en ingeniería durante la preparatoria. Javier, por su parte, nacido en Todos los Santos, Baja California, era un estudiante meticuloso y dedicado a sus estudios. Rosa Elvia Mercado Alonso, madre de Jorge, recordó una conversación con su hijo el día antes del incidente, en la que él le aseguró que no se preocuparía si no la contactaba esa noche, pues tenía mucho trabajo que hacer junto a Javier.

La mañana del 19 de marzo, las familias de Jorge y Javier se alarmaron al enterarse de un enfrentamiento en las cercanías del campus. Joel Medina Salazar, padre de Jorge, expresó el nudo en su garganta al escuchar que se trataba de dos sicarios. Dado que no podían contactarlos, los padres realizaron el angustiante viaje de Saltillo a Monterrey en busca de información. Sin embargo, tras una intensa búsqueda en hospitales, el resultado fue devastador: encontraron los cuerpos de los jóvenes en el Servicio Médico Forense, golpeados y desfigurados.

Después de nueve años de lucha, el Ejército se presentó en la casa de la familia para ofrecerles cubrir los gastos funerarios, algo que generó una profunda indignación. A lo largo de los años, las familias han persistido en su búsqueda de justicia, apoyadas por grupos de activistas y la labor de ONU Derechos Humanos en México. Este esfuerzo culminó en diciembre de 2024, cuando se dictó una sentencia contra cinco miembros del Ejército responsables de la ejecución extrajudicial y de alterar la escena del crimen. Aunque para Jesús Arredondo Rodríguez, tío de Javier, la sentencia y disculpa fueron avances importantes, no representan una justicia completa.

La historia de Jorge y Javier coincide con otros casos de violencia en México, donde el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ha generado un ciclo de abusos. Armando Humberto del Bosque Villarreal, desaparecido forzosamente en 2013, es un ejemplo de ello. Su padre, Humberto del Bosque Gutiérrez, abogado y empresario, dejó su carrera para buscar justicia. Armando fue detenido arbitrariamente por elementos de la Marina, desapareciendo y ejecutándose bajo circunstancias similares a las de los jóvenes estudiantes.

Más de una década después, se ha logrado dictar sentencia contra los oficiales de la Marina responsables de esta desaparición forzada, un avance significativo en un contexto donde el índice de impunidad en México se encuentra cerca del 98%. Humberto del Bosque Gutiérrez ha contado con el apoyo de comités de derechos humanos y la influencia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, vital para su lucha.

Alejandra Ortiz, activista del colectivo «Todxs somos Jorge y Javier», enfatizó que la guerra contra el narcotráfico ha dejado huellas profundas en la juventud mexicana. Este colectivo sostiene que «sin memoria no hay justicia, y sin justicia no hay paz», recordando la importancia de no dejar que la historia se repita.

A pesar de los avances en los casos mencionados, los obstáculos persisten, con sentencias que a menudo solo alcanzan a los autores de menor rango. Las familias de Jorge, Javier y Armando continúan exigiendo sus derechos en un sistema judicial que enfrenta retos significativos al tratar con elementos de las Fuerzas Armadas y su implicación en violaciones a los derechos humanos. En este camino por la justicia, han encontrado fuerzas para persistir, desafiando la indiferencia y la negligencia del estado.
Fuente: ONU últimas noticias