Las fuerzas policiales están incorporando drones equipados como lectores automáticos de matrículas (ALPR) en sus operaciones. Esta nueva tecnología permite a las autoridades seguir de manera más eficiente los movimientos de los ciudadanos, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la privacidad de los individuos.

Rahul Sidhu, vicepresidente de aviación de Flock Safety, destacó recientemente el uso de estos drones en una presentación dirigida a agencias de policía interesadas en programas de drones como primer respondedores (DFR). Los drones de Flock Safety no solo sirven para vigilancia, sino que su tecnología ALPR permite capturar imágenes de matrículas, junto con otros detalles del vehículo, como la marca, el modelo y el color. Esta integración de tecnologías plantea serios riesgos para la privacidad, ya que amplía el alcance de la vigilancia policial.

La adopción de programas DFR ha crecido significativamente en los últimos años, con empresas tecnológicas como Axon y Motorola Solutions expandiendo sus ofertas en drones. A medida que esta tecnología se convierte en una fuente esperada de ingresos, se plantean cuestionamientos sobre la falta de regulaciones que protejan a los ciudadanos de un uso indebido de los drones y los sistemas ALPR.

Los sistemas ALPR son utilizados por muchas de las principales agencias policiales en el país. Capturan información sobre vehículos que puede ser almacenada en servidores y compartida con otras agencias, incluyendo organismos federales. Aunque se argumenta que estos sistemas ayudan a prevenir el crimen, su capacidad para recopilar datos de personas ajenas a cualquier actividad delictiva genera preocupaciones sobre el seguimiento indiscriminado y la posible violación de derechos.

La tecnología de drones, por otro lado, permite a la policía observar áreas no accesibles de otra manera, como patios traseros o techos. A medida que las restricciones sobre el uso de drones se flexibilizan, su adopción por parte de las fuerzas del orden se vuelve más común. Recientemente, la FAA ha otorgado cientos de exenciones para el uso de drones en aplicaciones policiales, lo que ha facilitado su despliegue.

Es crucial que las comunidades exijan restricciones sobre el uso de drones y ALPR por parte de la policía para prevenir abusos. Sin una regulación adecuada, el uso de estas tecnologías podría resultar en una vigilancia incesante y la recolección de datos sensibles sobre los ciudadanos sin justificación legal.

Aunque algunas agencias policiales son conscientes de los riesgos asociados con la vigilancia aérea, no siempre se informa adecuadamente a los funcionarios locales sobre las capacidades específicas de los drones que adquieren. Esto puede llevar a la activación de tecnologías invasivas sin el conocimiento de los responsables políticos.

Con el tiempo, la combinación de ALPR y drones podría transformar la forma en que la policía recopila y utiliza información sobre los ciudadanos, lo que subraya la necesidad de movilización ciudadana para exigir un control estricto sobre esta creciente tecnología de vigilancia.
Fuente: EFF.org