Tres días después del asesinato de dos líderes sociales y cuatro personas más en Norte de Santander, se ha emitido un contundente comunicado conjunto por parte de dos misiones internacionales y la Conferencia Episcopal de Colombia. En él se advierte sobre el alarmante agravamiento de la crisis humanitaria en la región del Catatumbo, haciendo un llamado urgente al respeto del Derecho Internacional Humanitario.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y la Conferencia Episcopal expresaron su «profunda preocupación» por el deterioro de la situación de seguridad en la zona. En este contexto, denunciaron que los grupos armados han convertido a la población civil en un objetivo de sus disputas territoriales, afectando gravemente a líderes comunitarios y autoridades locales. El comunicado califica este panorama como «consecuencias humanitarias inaceptables».
Las organizaciones hicieron un doble llamado: primero, a los actores armados ilegales, instándoles a que acaten sin condiciones el derecho internacional y reconociendo que «la protección y el respeto absoluto a la población civil no está sujeta a interpretación». En segundo lugar, pidieron al Estado colombiano que garantice de manera efectiva la protección de los habitantes de la región.
Este pronunciamiento llega tras un ataque en el que un grupo armado interceptó una camioneta de la Unidad Nacional de Protección, dejando un saldo trágico de seis muertos, entre ellos Freiman David Velásquez Benítez e Iván Stiven Camacho Castillo, ambos integrantes de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo. Velásquez, quien había sobrevivido a un atentado en enero y contaba con esquema de seguridad por las amenazas recibidas, es solo uno de los muchos líderes sociales que se han convertido en blanco de la violencia en la región.
La crisis en el Catatumbo se desató el 16 de enero de 2025, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzó una ofensiva contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC en busca del control de territorios estratégicos y economías ilícitas. Desde entonces, la situación ha empeorado dramáticamente, con más de 64,000 personas desplazadas y unas 12,000 en confinamiento hacia mediados de 2025. Para comienzos de 2026, el número total de desplazados se acercaba a las 100,000, lo que representa casi la mitad de la población de la región.
Los grupos armados han aumentado su arsenal, incorporando drones de ataque y artefactos explosivos improvisados, lo que ha convertido vastas áreas rurales en terrenos de altísimo riesgo para los civiles. Este contexto crítico ha hecho de los líderes sociales un blanco sistemático de ataques, con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos registrando 24 homicidios de defensores de derechos humanos y 32 masacres en el primer trimestre de 2026. Según datos de Indepaz, en lo que va de 2026, han sido asesinados 61 líderes sociales en Colombia.
Fuente: ONU últimas noticias
