San Francisco, un referente en la lucha por la transparencia y la regulación en el uso de la tecnología por parte de las fuerzas del orden, ha visto cómo su paisaje político ha cambiado drásticamente en 2024. Tras años de implementaciones progresivas, que incluían la prohibición del uso de reconocimiento facial por parte de la policía y la aprobación de legislaciones pioneras como el CCOPS, este año se ha caracterizado por una regresión preocupante en las normas de control y supervisión.
El punto de inflexión se produjo con la aprobación de la Propuesta E, un polémico referéndum que permite al Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) experimentar con cualquier tecnología de vigilancia durante un año completo sin la necesidad de aprobación o supervisión previa. Esta decisión socavó gravemente la Ordenanza de Tecnología de Vigilancia de 2019, que requería que las agencias de la ciudad obtuvieran el visto bueno del cuerpo legislativo local antes de adquirir o utilizar tecnologías de vigilancia. A pesar del fuerte esfuerzo de oposición, que incluso incluyó una campaña aérea para instar a los votantes a rechazar la medida, la Propuesta E fue aprobada en las elecciones del 5 de marzo de 2024.
El impacto de esta medida se hizo evidente cuando el SFPD, en su prisa por adquirir drones para aumentar su capacidad de vigilancia, violó la ley estatal AB 481. Esta legislación exige que las agencias de aplicación de la ley obtengan la aprobación de su organismo gobernante local antes de adquirir equipamiento militar, incluidas las aeronaves no tripuladas. La falta de mecanismos de cumplimiento claros en la AB 481 ha dejado a los residentes en una posición precaria, dependiendo del poder de su voz para instar a la policía a cumplir con la ley. Sin embargo, tras las protestas, la oficina del Fiscal General de California emitió un recordatorio a las agencias de aplicación de la ley sobre sus obligaciones bajo esta ley.
A pesar de estos desafíos, la Electronic Frontier Foundation (EFF), organización con sede en San Francisco, continúa abogando por un entorno donde la tecnología sirva para mejorar la seguridad y la equidad de todos los ciudadanos. Su compromiso es inquebrantable, y permanecerán vigilantes, denunciando cualquier incumplimiento por parte del SFPD y defendiendo las leyes de privacidad que han establecido a la ciudad como un ejemplo a seguir en la gobernanza del siglo XXI.
Fuente: EFF.org