Un tribunal federal de Nueva York ha permitido que continúe una demanda que busca detener la divulgación de información privada y sensible de decenas de millones de estadounidenses por parte de la Oficina de Administración de Personal (OPM) de EE.UU. a la «Departamento de Eficiencia Gubernamental» (DOGE) de Elon Musk. La jueza Denise L. Cote del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York rechazó parcialmente una moción para desestimar la demanda presentada el 11 de febrero en nombre de dos sindicatos laborales y de empleados gubernamentales actuales y anteriores de todo el país.
Este fallo representa una victoria para los demandantes, ya que el tribunal aceptó que las afirmaciones de que OPM divulgó ilegalmente registros personales altamente sensibles a los agentes de DOGE pueden avanzar en su intento de detener dicha divulgación y exigir que se devuelva cualquier información compartida. Cote dictaminó que los empleados federales actuales y antiguos «pueden continuar con su solicitud de alivio por mandato judicial bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA)» y desestimó el argumento de los demandados que alegaba lo contrario.
La corte subrayó que «la demanda alega de manera plausible que las acciones de OPM no representaron sus operaciones diarias ordinarias, sino que, en fuerte contraste con sus procedimientos normales, fueron ilegales, apresuradas y peligrosas». Además, el tribunal afirmó que los demandantes demostraron que los acusados de DOGE «cruzaron claramente una línea marcada por el Congreso».
OPM gestiona bases de datos que contienen información personal altamente sensible sobre decenas de millones de empleados federales, jubilados y solicitantes de empleo. La demanda, impulsada por la Fundación Electronic Frontier (EFF), Lex Lumina LLP y el State Democracy Defenders Fund, argumenta que la OPM y su director interino Charles Ezell violaron la Ley de Privacidad de 1974 al divulgar registros de personal a los agentes de DOGE.
Los sindicatos que intervienen en la demanda son la American Federation of Government Employees AFL-CIO y la Association of Administrative Law Judges, International Federation of Professional and Technical Engineers Judicial Council 1 AFL-CIO. El presidente nacional de la AFGE, Everett Kelley, expresó que esta victoria legal envía un mensaje claro acerca de la protección de los datos privados de los ciudadanos almacenados en el gobierno.
Los registros mantenidos por la OPM son una de las colecciones más grandes de datos personales sensibles en el país, que incluyen información identificable como nombres, números de seguridad social, datos demográficos, información salarial, registros de salud y detalles financieros, entre otros. A pesar de su importancia, OPM ha sido objeto de violaciones de privacidad en el pasado, incluida una brecha de seguridad en 2015 que expuso la información personal de 22.1 millones de personas. Con unas pocas excepciones, la Ley de Privacidad limita la divulgación de registros sensibles mantenidos por el gobierno federal sin el consentimiento de los individuos, protegiendo a los ciudadanos de abusos en la recolección de datos personales.
La jueza Cote determinó que la solicitud de un mandato cautelar bajo la Ley de Privacidad puede avanzar bajo la APA, pero no directamente bajo la Ley de Privacidad.
Fuente: EFF.org
