El reciente informe de la Misión de Observación de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania ha revelado un alarmante aumento del 50% en el número de víctimas civiles durante el mes de marzo, en comparación con febrero. Con al menos 164 muertos y 910 heridos, los datos son especialmente impactantes al señalar que las cifras superan en más del 70% las registradas en marzo de 2024. La gran mayoría, aproximadamente el 95% de estas bajas, se han producido en territorios bajo control del gobierno ucraniano, y han sido causadas principalmente por ataques con misiles de largo alcance y municiones.
Danielle Bell, directora de la organización, ha expresado su preocupación por el «bombardeo casi diario de aviones no tripulados», que ha causado numerosas bajas y ha afectado la vida de millones de ciudadanos. En un contexto adicional de violencia, se ha denunciado el ataque a dos hospitales en funcionamiento por parte de las fuerzas armadas rusas, lo que plantea serias preocupaciones sobre el respeto al derecho internacional humanitario que protege estas instalaciones.
En Sudán del Sur, la situación es igualmente crítica. El hambre ha alcanzado niveles récord, afectando a 7,7 millones de personas, un número sin precedentes que se clasifica como crítico, de emergencia o catastrófico. Esta situación ha sido exacerbada por el conflicto en el noreste del país, donde la región del Gran Alto Nilo se enfrenta a las mayores dificultades alimentarias, afectando a 3,1 millones de personas. Además, más de un millón de desplazados han llegado a Sudán del Sur desde el estallido de la guerra en el vecino Sudán.
El Programa Mundial de Alimentos ha comenzado a proporcionar asistencia alimentaria a más de 450.000 personas en el Alto Nilo, priorizando aquellos en niveles de emergencia. Sin embargo, el conflicto ha dificultado la entrega de ayuda. En este contexto, Sudán del Sur también se enfrenta a brotes de cólera, lo que ha llevado al PMA a enviar suministros de emergencia a las áreas más afectadas.
Por otro lado, en Jerusalén Oriental, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ha denunciado el cierre de seis escuelas por parte de funcionarios israelíes. Esta acción, que afectará a unos 800 estudiantes, ha sido calificada de ilegal, dado que estas escuelas están protegidas bajo los privilegios de la ONU. Philippe Lazzarini, responsable de la agencia, ha recordado que el acceso no autorizado y las órdenes de cierre constituyen una violación de las obligaciones de Israel bajo el derecho internacional. En Gaza, la situación es alarmante, ya que los niños no solo carecen de acceso a la educación, sino que deben salir a buscar agua en un contexto donde los suministros básicos escasean debido al bloqueo impuesto por Israel.
Fuente: ONU últimas noticias
