Un nuevo informe ha revelado profundas violaciones de derechos humanos contra afganos que han sido devueltos forzosamente a su país desde principios de 2023. Entre los afectados se encuentran mujeres, exfuncionarios del gobierno anterior, periodistas y activistas, quienes han denunciado haber sido sometidos a torturas, detenciones arbitrarias y amenazas por parte de las autoridades de facto. En lo que va del año, alrededor de dos millones de afganos han regresado, la mayoría desde Pakistán e Irán, y muchos de estos retornos han sido forzados.
El documento, elaborado por la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, se basa en entrevistas realizadas a 49 personas que fueron obligadas a regresar en 2024. Desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, miles de afganos han huido del país buscando protección, pero se han visto obligados a regresar en condiciones que, según Naciones Unidas, infringen principios fundamentales del derecho internacional.
El informe, titulado «No Safe Haven», detalla los riesgos y violaciones de derechos que enfrentan aquellos que han sido devueltos involuntariamente desde varios países, incluyendo Turquía, España y Alemania. Durante las entrevistas, muchos retornados relataron vivir en un estado constante de miedo e inseguridad, teniendo que esconderse debido a las amenazas de las autoridades. Estos testimonios evidencian una vida marcada por la pobreza extrema y el maltrato físico.
Los relatos incluyen experiencias desgarradoras, como la de un exjuez que se oculta debido a amenazas de represalias por sus decisiones judiciales, y la de una mujer joven que depende económicamente de su familia en un entorno que limita su movilidad y autonomía. Una periodista describió su situación como un «arresto domiciliario» debido a las restricciones impuestas a las mujeres, que incluyen la prohibición de trabajar y de acceder a la educación.
Además, las personas con identidades de género diversas sufren hostigamiento extremo, como es el caso de una persona no binaria que fue detenida y golpeada tras su regreso. Su testimonio revela las brutales condiciones a las que se enfrentan.
El informe también hace un llamado urgente a detener las deportaciones forzadas, estimando que éstas violan el principio de no devolución, que prohíbe a los Estados obligar a alguien a regresar a un país donde su vida o libertad esté en peligro. A pesar de las múltiples advertencias internacionales, las deportaciones continúan, y muchos de los retornados no han sido sometidos a evaluaciones de riesgo para determinar su seguridad.
Asimismo, se detallan las posiciones de los gobiernos de Pakistán, Irán y de las autoridades afganas. Pakistán defendió su política de repatriación, mientras que Irán subrayó que respeta los derechos humanos y ofrece asistencia a los retornados. Por su parte, las autoridades talibanes negaron las acusaciones de violaciones de derechos y afirmaron que cualquier abuso se sanciona.
La situación en Afganistán, según el informe, no ofrece las condiciones mínimas de seguridad necesarias para los retornados, resaltando la urgencia de establecer mecanismos de protección internacional.
Fuente: ONU últimas noticias
