En todo el país, se ha observado un incremento en la recopilación y difusión de grabaciones que documentan la actuación de agentes del orden, tanto de agencias federales como locales, que han sido comisionados para llevar a cabo acciones de inmigración. Estas grabaciones a menudo muestran a los agentes enmascarados durante detenciones, en ocasiones utilizando tácticas violentas y, en muchos casos, sin orden judicial. La importancia de estas imágenes radica en su potencial para garantizar cierta responsabilidad en caso de que se produzcan irregularidades o prácticas inconstitucionales durante las intervenciones policiales.
Sin embargo, la efectividad de este material se ve comprometida cuando los agentes ocultan su identificación, lo que impide que ciudadanos, abogados o periodistas puedan distinguir quiénes son y solicitar el acceso a las grabaciones de cámaras corporales. Esto limita la posibilidad de supervisar adecuadamente las acciones de las fuerzas del orden.
Ante esta problemática, el estado de California ha presentado el proyecto de ley S.B. 627, que busca prohibir que los agentes encubran sus rostros durante encuentros públicos. Esta iniciativa complementa otras normativas que ya exigen a la policía portar insignias y placas identificativas claramente visibles, así como legislaciones que promueven una mayor transparencia en los casos de uso de fuerza o alegaciones de conducta violenta.
En el contexto de las detenciones por parte de la ICE en 2025, se ha evidenciado que no solo se ocultan las insignias, sino también los rostros de los agentes, lo que hace aún más urgente la aprobación de esta ley. El objetivo es asegurar que aquellos ciudadanos que registran las actuaciones policiales puedan identificar a los agentes, facilitando posibles investigaciones posteriores.
La legislación propuesta también extiende su ámbito de aplicación a cualquier oficial que actúe en nombre de una agencia de orden público, ya sea a nivel local, estatal o federal. Esto resulta crucial para mantener la rendición de cuentas en el ámbito de la seguridad pública.
La defensa del derecho a grabar las actuaciones policiales y a exigir responsabilidad por parte de los funcionarios del gobierno depende, primero que nada, de la capacidad de identificar claramente a estos actores. La propuesta de California es un paso significativo en esta dirección y podría servir de modelo para otros estados.
Fuente: EFF.org
