Ola Bini, el destacado desarrollador de software sueco conocido por su trabajo en tecnología de privacidad, ha sido objeto de una prolongada controversia legal en Ecuador desde su detención en el aeropuerto de Quito hace seis años. Inicialmente acusado de ser un “hacker ruso” y de tener una “participación alegada en delitos contra la integridad de los sistemas informáticos”, su caso ha estado marcado por la falta de pruebas concretas y la ineficacia de las autoridades ecuatorianas para sostener su acusación.
A pesar de su detención prolongada de 70 días en 2019, Bini fue finalmente absuelto en 2023. Sin embargo, el Ministerio Público de Ecuador apeló esta decisión, y en un giro inesperado, un tribunal de apelaciones lo declaró culpable de intento de acceso no autorizado a un sistema de telecomunicaciones. Este fallo ha sido criticado por sus deficiencias legales y procedimentales, así como por la confusión generada entre conceptos técnicos, que socavan tanto sus derechos como el entendimiento general sobre la seguridad digital.
Este semana, la Misión de Observación que monitorea su caso ha vuelto a señalar las inexactitudes y abusos en el proceso judicial, donde las autoridades han tratado de asociar el uso de Tor, una herramienta esencial de protección de la privacidad, con actividades delictivas, desvirtuando así el propósito legítimo de su uso. El argumento de las autoridades sobre que el uso de Tor es solo comprensible para expertos técnicos, y que implica necesariamente intención delictiva, es considerado peligroso por los expertos, ya que criminaliza la protección de la privacidad en línea.
La Misión de Observación ha emitido un comunicado técnico donde se recalca la necesidad urgente de que los tribunales ecuatorianos reafirmen la inocencia de Bini y desmantelen los malentendidos sobre la tecnología que han sido utilizados para sustentar acusaciones infundadas. Esta interpretación errónea de la ley no solo perjudica a Bini, sino que también sienta un precedente negativo para los derechos digitales en Ecuador y más allá.
El hecho de que las autoridades judiciales ecuatorianas estén criminalizando el uso de tecnologías de privacidad como Tor, sin pruebas concretas, es motivo de profunda preocupación para los defensores de derechos humanos y expertos en tecnología. La defensa de Bini ha apelado la reciente condena, y la comunidad internacional sigue esperando que el sistema judicial ecuatoriano actúe de acuerdo con los principios de un juicio justo, reconociendo la debilidad del caso en su contra. La lucha por la justicia en este caso ha sido dura y prolongada, pero la insistencia en el respeto a los derechos fundamentales es cada vez más urgente. La Misión de Observación continuará supervisando el caso de Bini para garantizar que se respeten las garantías del debido proceso y se protejan los derechos digitales en el país.
Fuente: EFF.org
