En la última década, la Unión Europea (UE) ha destacado como líder en la regulación de servicios en línea y nuevas tecnologías. Durante los dos mandatos recientes, la Comisión Europea ha implementado numerosas regulaciones, centrándose especialmente en las grandes empresas tecnológicas. Este esfuerzo ha capturado la atención global y ha desencadenado debates sobre la histórica Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA), cuyas implicaciones trascienden las fronteras europeas.
La DSA se enfoca en la gobernanza del contenido en línea. Su propósito es incrementar la transparencia en la moderación de contenido y responsabilizar a las plataformas por su papel en la difusión de información ilegal. Para las «plataformas en línea muy grandes» (VLOPs), la DSA presenta un reto considerable al exigirles que aborden los «riesgos sistémicos» derivados no solo de su diseño y reglas, sino también de cómo el público utiliza estos servicios. Conseguir un equilibrio entre la gestión del contenido ilegal y la garantía de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, plantea un desafío significativo y la función de los reguladores y la sociedad civil en esta tarea aún no está totalmente definida.
Al mismo tiempo, la DMA se ocupa de los aspectos macroeconómicos, fijando objetivos en las obligaciones y restricciones que enfrentarán las plataformas más dominantes. Esta regulación tiene como objetivo asegurar la «competitividad» en los mercados digitales, permitiendo que nuevos actores puedan desafiar el control de estos gigantes y garantizando un entorno justo para los negocios digitales.
Ambas leyes, la DSA y la DMA, prometen crear un ecosistema digital más seguro, equitativo y abierto. Sin embargo, a medida que se acerca el final de 2024, surgen cuestiones críticas sobre la efectividad de la implementación de estas normativas y los beneficios tangibles para los usuarios.
En cuanto a la regulación de la equidad, la DMA presenta un dilema: es beneficiosa para los usuarios de tecnología, pero para las grandes corporaciones tecnológicas, representa una pesadilla. La DMA ha desencadenado tensiones evidentes entre los gigantes tecnológicos de Estados Unidos y los reguladores europeos. Por ejemplo, Meta, la empresa detrás de Facebook, ha sido criticada por su gestión de datos personales y la implementación de la Ley General de Protección de Datos (GDPR). Aunque se esperaba que la GDPR pusiera fin a la recopilación abusiva de datos, Meta ha tratado de eludir sus responsabilidades, argumentando que su modelo de negocio depende de la recopilación de información.
La DMA ha reforzado la GDPR al establecer que la privacidad debe ser protegida y que las empresas deben obtener el consentimiento explícito de los usuarios para el uso de sus datos. En respuesta, Meta planteó la creación de un nuevo nivel de suscripción para quienes no desean ser objeto de vigilancia, lo que ha generado dudas sobre la legalidad de tales prácticas.
Empresas como Apple también desafían las regulaciones, creando condiciones artificiosas para cumplir con la DMA mientras se benefician de excepciones que les permiten eludir algunas de sus obligaciones. Por ejemplo, su sistema de mensajería iMessage fue eximido de los requisitos de interoperabilidad, lo que planteó preguntas sobre el compromiso real de la empresa con la competencia justa.
El aumento del poder de las plataformas digitales ha suscitado preocupaciones sobre la gestión de contenido dañino sin sacrificar la libertad de expresión. La EFF (Electronic Frontier Foundation) ha abogado por principios fundamentales como la transparencia y la apertura en la regulación. Aunque la DSA ha adoptado un enfoque adecuado centrado en los procesos de las plataformas, las obligaciones sobre la gestión de contenido ilegal y los riesgos sistémicos podrían dar lugar a un exceso de censura.
El año 2024 ha evidenciado la ambigüedad de la DSA, destacando el riesgo de que se convierta en un instrumento para decidir qué discursos políticos son aceptables en línea. El contenido relacionado con desinformación electoral ha llevado a la EFF y otras organizaciones a recomendar que las directrices futuras prioricen las mejores prácticas en vez de la regulación del discurso.
En resumen, mientras la UE avanza en la regulación del ámbito digital, los desafíos de implementar estas normas de manera justa y efectiva siguen siendo una lucha constante.
Fuente: EFF.org
