Entre julio y septiembre de 2023, al menos 52 presos han perdido la vida en las cárceles de Haití, un país que atraviesa una profunda crisis humanitaria, política y de seguridad. Las autoridades de la ONU han calificado las condiciones en las que se encuentran esos detenidos como “inhumanas y degradantes”. Las muertes se han atribuido a la falta de atención médica adecuada, condiciones de vida insalubres, escasez de alimentos y acceso limitado a agua potable.
Haití enfrenta un contexto de violencia extrema debido al control que las bandas delictivas ejercen sobre gran parte del territorio, lo que ha llevado a una situación de hacinamiento en las prisiones. Actualmente, más de 7,200 personas, incluidos menores, están recluidas en estas instituciones, muchas de ellas en espera de juicio ya que el 82% de la población carcelaria se encuentra en detención preventiva. Este periplo administrativo se ve exacerbado por la ineficiencia del sistema judicial, que se encuentra colapsado y no opera con la celeridad necesaria.
El sistema penitenciario del país, además de estar sobrecargado, enfrenta problemas de corrupción que impiden la asignación adecuada de recursos destinados a la alimentación y atención médica de los presos. La situación de hacinamiento llega a ser tan extrema que algunas cárceles albergan hasta tres veces más internos de lo que fueron diseñadas para acomodar.
William O’Neill, experto de la ONU en derechos humanos, ha descrito las condiciones en las prisiones haitianas como “francamente infrahumanas”. Según su informe, los internos viven en celdas abarrotadas, con escaso acceso a luz, aire y agua. Muchos han fallecido por enfermedades que, bajo circunstancias normales, no deberían haber provocado muertes. Un testimonio impactante es el de un preso que lleva dos años esperando un juicio por el robo de unos zapatos, reflejando la ineficiencia del sistema y la precariedad de la situación.
La violencia en lugares como Puerto Príncipe, donde las bandas controlan el 90% del territorio, ha llevado al cierre de numerosos tribunales, lo que a su vez agrava la crisis del sistema judicial. Este panorama se vio aún más complicado tras ataques a las principales prisiones del país, lo que resultó en la fuga de unos 4,600 reclusos, muchos de los cuales se han reintegrado a las pandillas.
Frente a esta alarmante situación, las Naciones Unidas han iniciado esfuerzos para reformar el sistema penitenciario y mejorar las condiciones de vida de los detenidos. Estas iniciativas incluyen el apoyo a fiscales y jueces, formación para policías y funcionarios de prisión, así como la rehabilitación de centros de detención, que ahora cuentan con instalaciones básicas como letrinas y acceso a agua potable.
A pesar de los esfuerzos, O’Neill enfatiza la necesidad de resultados sostenibles, haciendo hincapié en que la asistencia de la ONU debe enfocarse en lograr una mejora tangible en el sistema de justicia que, hasta ahora, ha sido incapaz de brindar una respuesta adecuada ante la crisis persistente.
Fuente: ONU últimas noticias
