Las mujeres buscadoras en México se han convertido en un ícono de resistencia en un contexto donde la desaparición de féminas es un fenómeno alarmante y sistemático. Sin embargo, su labor enfrenta una falta de reconocimiento oficial, protección efectiva y verdadera voluntad política, lo que convierte su búsqueda de justicia en un acto heroico, pero extremadamente vulnerable y costoso. Esta situación fue destacada en el informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), presentado este lunes en Ginebra.
El CEDAW subrayó la urgencia de proteger a estas mujeres, quienes, al no contar con un sistema que sancione a sus agresores, enfrentan cada día la violencia y la injusticia estructural. Según el informe, su labor es esencial para garantizar el derecho a la verdad y la justicia, y exige que el Estado implemente medidas concretas para asegurar su seguridad en un entorno hostil.
El análisis de la situación revela que estas buscadoras son generalmente madres, hermanas y activistas que se desplazan a lugares peligrosos, desde hospitales hasta fosas clandestinas, para rastrear a sus seres queridos desaparecidos. En su búsqueda, se enfrentan a amenazas constantes, agresiones, y todavía más, son víctimas de un desgaste físico y emocional significativo.
El informe también insta a México a integrar a las buscadoras en el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, permitiendo que reciban medidas de protección anticipada. Asimismo, se recomienda el desarrollo de protocolos de protección colectiva que sean adaptables a las realidades de su trabajo, incluyendo desplazamientos hacia áreas de riesgo y actividades de exhumación.
En cuanto a las denuncias de abusos, el CEDAW solicitó que se realicen investigaciones rápidas y exhaustivas respecto a las agresiones sufridas por estas mujeres, tanto por parte de funcionarios estatales como de grupos criminales. Reiteró la necesidad de una coordinación efectiva entre autoridades federales y estatales, con un enfoque que incluya perspectiva de género.
Desde 2010 hasta 2024, se documentaron al menos 22 asesinatos de buscadoras, un reflejo claro de un riesgo sistemático al que están expuestas. En 2024, estas mujeres llevaron su situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidiendo que se les reconozca y se les brinde la protección necesaria. Reclamaron un compromiso claro por parte de las autoridades para investigar las denuncias y sancionar a los culpables.
Aunque se han presentado iniciativas para promover la igualdad en el país, el CEDAW considera que los progresos son limitados. Exige la creación de mecanismos de monitoreo que garanticen la implementación de recomendaciones previas, como la tipificación penal de la desaparición forzada y la mejora de registros oficiales sobre estas situaciones. La falta de seguimiento a estos compromisos resulta en la perpetuación de la impunidad, profundizando el sufrimiento de las familias que claman por justicia.
Fuente: ONU últimas noticias
