La Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela ha emitido un pronunciamiento en el que califica las liberaciones de presos políticos como «un paso importante», aunque señala que estas acciones son «muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos». A pesar de que el gobierno venezolano anunció recientemente la excarcelación de 116 personas, la Misión advierte que, de un total estimado de 800 detenidos políticos, solo alrededor de 50 han sido liberados hasta la fecha.
Las autoridades de la Misión han expresado su preocupación especial por las mujeres que continúan en prisión, destacando que la detención provoca un impacto negativo en su salud y en sus responsabilidades familiares. Por tal motivo, han solicitado la liberación incondicional de todas las personas que aún se encuentran encarceladas por motivos políticos.
Además, la Misión instó al gobierno venezolano a proporcionar detalles sobre futuros planes para nuevas liberaciones, incluyendo los criterios utilizados y el número de personas que se espera liberar. Los expertos también han alertado sobre el clima de represión persistente, señalando la presencia de colectivos armados que patrullan las ciudades, así como casos de intimidación a la población y nuevas detenciones por expresar opiniones políticas.
En otro contexto, el Secretario General de la ONU, António Guterres, ha instado a Irán a detener la represión de las protestas que continúan en varias ciudades del país. Guterres ha enfatizado la importancia de respetar el derecho a la protesta pacífica, subrayando que todos los iraníes deben tener la oportunidad de expresar sus quejas sin temor. Grupos de derechos humanos alertan sobre un número alarmante de muertes, que oscila entre decenas y 3,000, como resultado de la represión en el país.
Mientras tanto, en Gaza, la situación humanitaria sigue deteriorándose. Un nuevo caso de un bebé muerto de hipotermia ha sido reportado, elevando el número de muertes de niños en similares circunstancias a cuatro en lo que va del invierno. Las tormentas recientes han exacerbado las condiciones precarias de miles de desplazados, y las agencias de la ONU han distribuido materiales de refugio y abrigo, aunque se estima que al menos 1.1 millones de personas aún requieren asistencia urgente.
En otro orden de cosas, la Corte Internacional de Justicia ha abierto un caso en el que Gambia acusa a Myanmar de genocidio contra la minoría rohinyá. El ministro de Justicia de Gambia, Dawda Jallow, ha enfatizado que esta situación se refiere a personas reales que han sufrido violencia y destrucción, destacando la gravedad de las acusaciones que incluyen matanzas y violaciones sistemáticas durante una ofensiva militar en 2017 que forzó a más de 730,000 rohinyás a huir a Bangladesh.
Fuente: ONU últimas noticias
