Según cálculos de Aldea Energy, los retrasos en la puesta en marcha de instalaciones fotovoltaicas colectivas supone una pérdida de 500 euros de media al año por vivienda.
Las causas del retraso están relacionadas con las dificultades para conectar las nuevas instalaciones a la red eléctrica y los trámites burocráticos que implican la obtención de permisos por parte de la administración pública. La empresa maneja datos que indican que la puesta en marcha de una instalación puede tardar entre seis y ocho meses desde que está lista para operar, lo que resulta en pérdidas anuales de entre 300 y 900 euros.
Además, estos retrasos dilatan los plazos para amortizar la inversión, en caso de haberse realizado, perdiendo poder adquisitivo al no poder ahorrar en la factura de la luz y continuar dependiendo de las energías tradicionales. Así, el consumidor que compra un coeficiente no puede acceder a un ahorro que supone hasta un 70% de la factura de la luz.
A pesar de que en el último año el autoconsumo en España ha marcado un nuevo récord con un incremento del 21% con respecto al año anterior, el escaso desarrollo de las comunidades solares continúa siendo la asignatura pendiente, sobre todo porque somos el país de la Unión Europea donde más ciudadanos viven en edificios plurifamiliares, con un 66% frente al 25-30% en países como Francia, Bélgica o Países Bajos. Lo que genera una gran oportunidad de negocio que busca satisfacer la demanda de un sector de la población que hasta ahora no se ha podido cubrir. En este sentido, Roberto Rubio, cofundador y CEO de Aldea Energy, señala que “España necesita procesos claros y eficientes que den confianza a los inversores y que ayuden a empresas como la nuestra a expandirse y ofrecer energías limpias a la sociedad”.
