La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado nuevas directrices para abordar el creciente problema de la obesidad en niños y adolescentes, una situación que ha alcanzado niveles alarmantes. En 2024, se estimaba que 170 millones de menores de entre 5 y 19 años sufrían de obesidad, una cifra que se ha cuadruplicado desde 1990, cuando solo el 2% de esta población presentaba esta condición. Actualmente, ese porcentaje ha aumentado al 8%.
Ante esta preocupante realidad, la OMS ha recomendado la implementación de programas que integren una alimentación saludable, actividad física y modificaciones de comportamiento. Estas iniciativas pueden incluir intervenciones digitales, como aplicaciones para el seguimiento de hábitos, siempre bajo la supervisión de padres o cuidadores. Además, la OMS desaconselja el uso de medicamentos o intervenciones quirúrgicas para combatir la obesidad en niños menores de 10 años. Para adolescentes de entre 10 y 19 años, la utilización de medicamentos debería ser considerada solo después de que un programa supervisado no haya dado los resultados esperados, y las cirugías deben estar reservadas para casos de obesidad grave bajo estrictas condiciones.
Además de centrarse en la salud física, la OMS también destaca la necesidad de abordar la salud mental de los jóvenes, así como el estigma y el acoso que a menudo enfrentan. Asimismo, la organización enfatiza que, para que cualquier tratamiento tenga éxito, es fundamental que los gobiernos faciliten el acceso a alimentos saludables y oportunidades para realizar actividad física.
En otro ámbito, la OMS ha solicitado al gobierno ruso más información sobre la muerte de una trabajadora de un laboratorio de investigación contra la peste en Irkutsk, quien falleció tras ser hospitalizada con neumonía grave. Este caso ha suscitado preocupaciones sobre un posible contagio de peste neumónica, aunque las autoridades rusas aseguran que no ha habido nuevos casos en la región. La OMS busca esclarecer la situación y ha ofrecido asistencia técnica.
Por otro lado, en Nicaragua, dos mil abogados han sido eliminados del registro oficial de la Corte Suprema, presuntamente por no alinearse con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta medida ha generado un alarma sobre las restricciones que enfrentan los abogados que defienden derechos humanos y representan a personas detenidas por motivos políticos. La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados ha denunciado estos ataques y ha instado a la comunidad internacional a tomar acción para proteger la libertad de organización en el país.
Finalmente, expertos de la ONU han exigido a Dinamarca y Groenlandia una clarificación sobre la anticoncepción forzada de mujeres inuit, una práctica que culminó con la colocación de dispositivos intrauterinos en muchas de ellas sin su consentimiento. Aunque los gobiernos involucrados han reconocido estas violaciones y ofrecido disculpas, persiste la necesidad de garantizar verdad, reparación y justicia para las víctimas de estas políticas. Estos casos subrayan la urgencia de abordar la violencia reproductiva y otras formas de discriminación sufridas por las mujeres inuit.
Fuente: ONU últimas noticias
