Desde el 1 de enero de 2026, España dará un paso significativo hacia la neutralidad climática con la entrada en vigor del Real Decreto 214/2025. Esta normativa busca fortalecer la rendición de cuentas en materia de sostenibilidad, obligando a las grandes empresas y administraciones públicas a calcular y reportar su huella de carbono correspondiente al año 2025. Con esta medida, se espera no solo garantizar la trazabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sino también fomentar un compromiso real por parte de las organizaciones en la reducción y compensación de su impacto ambiental.
El cálculo de la huella de carbono representa un indicador clave en la lucha contra el cambio climático. Este indicador mide el total de GEI generados de manera directa o indirecta por la actividad de una empresa. La metodología implica la elaboración de un inventario de emisiones o un análisis del ciclo de vida, dependiendo del tipo de huella que se desee calcular, ya sea organizacional, de producto o de evento.
Las empresas a las que se les obliga a cumplir con esta normativa incluyen aquellas que se ajustan a los criterios establecidos en la Ley 11/2018 sobre información no financiera, lo que abarca a empresas con más de 250 empleados y que, durante dos ejercicios consecutivos, hayan tenido un activos superior a 20 millones de euros o una facturación superior a 40 millones de euros. También se incluyen entidades de interés público, empresas con más de 500 trabajadores y aquellas que presentan cuentas consolidadas. Si bien la inscripción en el Registro es voluntaria para el sector privado, será obligatoria para la Administración y sus organismos.
El aproximado plazo para que las empresas que deben presentar el Estado de Información No Financiera (EINF) cumplan con esta obligación es el 30 de junio de 2026. Para ello, deberán haber calculado su huella de carbono previamente.
Aunque la normativa se dirige principalmente a las grandes organizaciones, su impacto también llegará a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y microempresas. Si bien el cálculo es voluntario para este grupo, se anticipa que muchas grandes empresas trasladarán la exigencia a sus proveedores, lo que podría convertir este compromiso en una obligación generalizada. Además, aquellas empresas que deseen participar en licitaciones públicas, recibir subvenciones o formar parte de la cadena de suministro del sector público estatal deberán cumplir con los nuevos requisitos establecidos.
En este contexto, NESS se posiciona como un aliado estratégico en la transición hacia una economía más sostenible. Con más de diez años de experiencia en la gestión y cálculo de huella de carbono, NESS proporciona la asistencia necesaria para que las organizaciones no solo midan su impacto, sino que también implementen estrategias efectivas de reducción y compensación. La empresa ha trabajado con diversas entidades, como Cruz Roja Española y LPR (La Palette Rouge), y está preparada para ayudar a las organizaciones en su camino hacia la sostenibilidad y la transparencia ambiental.
